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En 1989, el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez (CAP), con apenas 25 días en el poder, anunció un conjunto de medidas neoliberales propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que produjeron una elevación abrupta en los precios del transporte y los alimentos que sumieron al pueblo en la pobreza y la desesperanza.

 

Este paquete neoliberal contemplaría la liberación de los precios de productos básicos y de todos los servicios públicos, aumento del 100% en el precio de la gasolina, incremento en la tarifa en un 30% del transporte público, transferencia al sector privado de procesos y funciones del sector público, reducción sustantiva de los beneficios sociales al trabajo, eliminación de los aranceles de importación.

 

El FMI aprobó un préstamo por el orden de los 4 mil 500 millones de dólares para los próximos tres años y 21 mil millones de dólares en los siguientes 7 años, multiplicando la deuda externa.

 

Ante esto, el 27 de febrero se encendió la llama del descontento popular, que llevó a cientos de miles de personas a salir a las calles de Caracas y de otras ciudades del país para protestar por las medidas de aquel inicuo paquete neoliberal.

 

Debido al despertar del pueblo, el Gobierno ordenó la suspensión de las garantías establecidas en la Constitución de 1961 y ordenó a las fuerzas de seguridad (Policía Metropolitana, Ejército y Guardia Nacional) controlar la situación, lo que produjo el inicio de la cruenta masacre del 27-F.

 

TODO COMENZÓ EN GUARENAS

 

Aunque siempre se habla de “El Caracazo”, en realidad las protestas iniciaron en Guarenas, estado Miranda; pero se extendieron a las principales ciudades del país.

 

En horas de la mañana del 27 de febrero de 1989, la revuelta popular , había llegado a Caracas. Ya en la tarde los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.

 

Durante la noche iniciaron los saqueos. Las fuerzas militares y policiales ya estaban desplegadas en la Capital, pero la represión no había iniciado y se limitaban a acciones preventivas.

 

Sin embargo, ese 27 de febrero se generó la primera víctima. Se trató de Yulimar Reyes, estudiante de Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien fue asesinada en los pasillos de Parque Central (centro de Caracas), por un policía que le disparó perdigones en la cara y el cuello.

 

El 28 de febrero, el Gobierno de Carlos Andrés Pérez reaccionó ante los saqueos con el plan “Ávila”, mediante el cual ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército acabar con la revuelta y permitiéndoles el uso de armas de fuego. Como consecuencia, se emprendió una brutal represión contra la población.

 

Asimismo, el presidente Pérez decretó el estado de emergencia con el que suspendió las garantías constitucionales.

 

De esta manera, el derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar pacíficamente fueron suspendidos durante 10 días.

 

El Ejecutivo envió cuatro mil soldados con tanquetas a las calles de Caracas para “restablecer” el orden.

 

De acuerdo a testigos, los primeros grupos de militares se ubicaron en las faldas de los cerros para evitar que las personas continuaran bajando y se unieran a los saqueos. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero después empezaron a asesinar gente.

 

Aún cuando ya habían cesado los saqueos, los militares continuaron dispararando indiscriminadamente contra las casas y los habitantes de las zonas más populares de Caracas. Además, las patrullas del Ejército comenzaron a allanar casas en los barrios, supuestamente en busca de la mercadería, y a arrestar a los sospechosos.

 

La cifra oficial de los asesinados que ofreció el gobierno de Carlos Andrés Pérez durante El Caracazo fue menor a 300, sin embargo; esto quedó totalmente desfasado cuando años después aparecieron fosas comunes en la famosa Peste, ubicada en el Cementerio General del Sur.

 

 

(ciudadccs.info / Fotos Francisco Frasso)

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