Rafael Rubén Núñez Cencerrado, el narcoempresario español de 41 años capturado en Valencia, estado Carabobo, contaba con una organización donde participaban oficiales de la Guardia Civil de España, empresarios importadores, abogados y hasta un exdiputado del franquista partido (ya desaparecido) Alianza Popular. Esto le permitió convertirla en la organización con mayor capacidad de ingresar a la península grandes volúmenes de cocaína a través de contenedores y de negociar directamente con los principales capos colombianos.
La trama fue descubierta en el último trimestre de 2009 cuando la policía descubrió el laboratorio en Madrid donde se mezclaba la droga para aumentar su volumen en un 20 por ciento, a través de un procedimiento que era imposible de descubrir para los compradores. El operativo policial permitió dar con 1.500 kilos de cocaína en diversas localidades, pero que había ingresado en contenedores a través del puerto de Marín en Pontevedra.
En total fueron detenidas 56 personas, entre las que destaca el exparleamentario nacional Felix de la Fuente Boada, quien dirigía una compañía de importaciones establecida en Madrid, y que falleció en 2013; José Antonio Rodríguez Conde, jefe del destacamento fiscal de la Guardia Civil en el puerto (quien también falleció en prisión), un par de abogados de Vigo y varios empresarios que prestaron sus firmas para hacer importaciones desde Ecuador y Colombia en contenedores donde se ocultaba la droga.
Núñez Cencerredo, quien es natural de Valencia, la de España, era tenido como un exitoso empresario que se había iniciado como transportista de carga. Luego amplió sus actividades a la gastronomía y a la instalación de centros estéticos. También se le recuerda como aficionado a los deportes acuáticos con motos de agua. Su ritmo de gastos era enorme, pero todo indicaba que tenía ingresos para soportarlo.
La policía ha indicado que parte de sus supuestas actividades como empresario eran en realidad una forma de encubrir las de narcotráfico y legalizar las ganancias.
Había sido encarcelado en enero de 2010 como consecuencia de la investigación policial. Sin embargo en 2011 un juzgado lo autorizó a esperar la condena en libertad, pese a las advertencias de desaprobación de las autoridades policiales. Eso le permitió escapar con documentos falsos. En la Valencia de Venezuela fue capturado con un pasaporte rumano que habría adquirido en 2016 antes de viajar a Suramérica.
En 2009 llegó a analizar con una banda de Barcelona que le ofreció alquilar o vender un submarino que podía operarse a control remoto desde una embarcación cercana, la posibilidad de contar con ese equipo para movilizar la droga.
El narcotraficante está condenado a 18 años de prisión por lo que ya las autoridades españolas han pedido a Caracas la extradición del hombre.
