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Cuando M. fue a vestir el cadáver de su sobrino sintió que la cabeza era una bolsa llena de cubos de hielo: «le sonaba todo por dentro, le destrozaron el cráneo». 

 

El sobrino de M. era sicario, tenía 22 años cuando lo asesinaron y delinquía desde los 16. La carrera de asesino a sueldo, por lo general, es breve. «El sicariato no es parte de la cultura en Venezuela, pero empezó a hacerse frecuente en Latinoamérica por la influencia de los códigos del narcotráfico, de la cultura carcelaria y, claro, del éxito del Plan Colombia», dice el abogado y criminólogo Fermín Mármol García, en entrevista a RT.

 

Según el Observatorio de Crimen Organizado, el delito de sicariato fue el más reportado en diciembre de 2016. El estado Zulia, fronterizo con Colombia, concentró la mayoría de los casos con una incidencia de 42,2%. La historia de Santiago Allio Torres ocurrió allí, hace un par de semanas, y devolvió el foco a un crimen que necesita cómplices.

 

250 dólares

 

Santiago Allio Torres mandó a matar a su padre para cobrar una herencia. Las autoridades supieron rápidamente de la culpabilidad del hijo por los toscos trazos que delimitaron el delito: él mismo había comprado el arma homicida, él mismo facilitó el control remoto que garantizó la entrada de los delincuentes al carro de su progenitor, él mismo recogió a los homicidas a tres cuadras de la casa.

 

Para Mármol, el caso de Santiago es el reflejo de una «conducta imitada» que toman algunas personas ajenas al mundo del crimen organizado, insufladas por la impunidad: «Si de cada cien delitos se castigan cuatro, es fácil que cualquiera se sienta en capacidad de ejecutar estos actos y que no necesariamente pertenezcan a una mafia». 

 

Allio Torres pagó un millón de bolívares por el homicidio de su padre, un crimen que salió «barato» dentro de los cánones en Venezuela. Un joven contó a RT, en estricta confidencialidad, que ese es el monto mínimo que los asesinos por encargo suelen pedir por casos ‘fáciles’.

 

«Todo depende, mientras más gente se mueva, es más caro. Las ‘papayas’ (sin complicaciones) cuestan entre 800.000 y 1.000.000 de bolívares (equivalentes a 250 dólares en el mercado ilegal de divisas)». Los montos suben exponencialmente cuando las víctimas viajan en carros blindados, tienen escoltas o son de alto perfil público. El seguimiento puede ser de unas semanas a dos meses y la participación de agentes policiales en esos casos es un denominador común.

 

El año pasado, por ejemplo, agentes de la policía de Chacao -en colaboración con bandas criminales- fueron identificados como los responsables del asesinato del M/G Félix Velásquez, excomandante de la Milicia Nacional Bolivariana y ex jefe de la Casa Militar, en Caracas. «La debilidad de las instituciones es un determinante en la proliferación de delitos de delincuencia organizada, por eso es fundamental que se recompongan a lo interno. Si no hay confianza, es difícil avanzar», considera Mármol. 

 

Tan cerca de Colombia

 

En 1994 se estrenó la película «Sicario», hecha por el cineasta venezolano-uruguayo José Novoa. Aunque fue grabada en Caracas, era una cinta de ficción que pretendía reflejar la realidad de otra ciudad: Medellín.

 

«Siempre quise hacer algo sobre este tema, y estudiando y viendo cosas, un día me tropecé con un artículo en el que veo una situación llevada al extremo que era la de Colombia y, comparándola con una realidad que vivimos en Venezuela, que está muy cerca de vivir una experiencia similar, nos planteamos hacer un testimonio y una advertencia», dijo Novoa hace 23 años al diario El Tiempo. Su presagio se cumplió.

 

Para Mármol García, el aumento de los asesinatos a sueldo en Venezuela tuvo que ver con procesos degenerativos propios y otros que permearon desde Colombia, como el «calco» de las conductas de bandas criminales asociadas al narcotráfico y de los grupos desmovilizados del conflicto armado en el país neogranadino.

 

«El plan Colombia y la doctrina de ‘seguridad democrática’ (durante los gobiernos de Álvaro Uribe) permitieron que a Venezuela migraran grupos subversivos y trajeran su cultura delincuencial al territorio», asegura el especialista. 

 

En 2004, Colombia emprendió el polémico proceso de desmovilización de grupos paramilitares, considerados los actores armados más sanguinarios del conflicto. Muchos de los jefes de esas organizaciones, como Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, fueron capturados años después en territorio venezolano. 

 

¿Delincuencia y crisis?

 

Los gobiernos de Venezuela, especialmente de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han sido enfáticos en denunciar la infiltración de estructuras paramilitares dentro de su territorio, lo que ha permitido el auge de bandas de delincuencia organizada. Sin embargo, Mármol García cree que hay un agravante de factura completamente local: «la impunidad le hace propaganda al crimen y publicidad al delincuente».

 

«Los jóvenes como los sicarios son reclutados por organizaciones criminales y parte del discurso para convencerlos es que la posibilidad de éxito es grande. En la medida en que sea menos costosa y más rentable la carrera de delincuente, las mafias tienen motivos para prosperar», dice el abogado, quien advierte que el efecto más nocivo es que «la gente empieza a creer que no puede resolver nada con las instituciones y transita el camino al primitivismo social».

 

¿Es la difícil coyuntura económica que vive Venezuela un aliciente para el sicariato? Mármol cree que no y argumenta que en países como Bolivia, donde la pobreza llegó a alcanzar niveles alarmantes, las cifras de delincuencia organizada eran mínimas. Para él, insiste, todo tiene que ver con la impunidad.

 

A kilómetros de distancia de la oficina del abogado, ubicada en una pudiente zona de la capital venezolana, el joven que habla de manera confidencial lo confirma sin demasiadas molduras: «¿Quién va a decir que no al dinero fácil si son tan poquitos a los que agarran?».

 

(RT)