Un video, que empezó a circular en las redes sociales desde principios de este junio, ha revivido la polémica acerca de la tortura como medio de interrogatorio supuestamente utilizado por las autoridades policiales de México en el marco de la investigación de la desaparición de 43 estudiantes, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en la región de Ayotzinapa, en Guerrero.
En las imágenes, se puede ver a un sospechoso sentado con las manos atadas, ojos vendados con cinta aislante e interrogado acerca del lugar donde fueron llevados los normalistas. No se ve al interrogador, pero detrás del detenido se puede apreciar a un hombre que, al parecer, lleva un uniforme de agente ministerial de la Fiscalía federal. Esta persona luego le coloca una bolsa de plástico en la cabeza al sospechoso y la estira para cortarle el oxígeno. Después una tercera persona parece electrocutarlo.
Guerreros Unidos sobre estudiantes desaparecidos: «Los hicimos polvo»
Según el programa ‘En Punto’ de Televisa, el individuo torturado sería Carlos Canto Salgado, detenido el 22 de octubre de 2014 en el marco del caso Ayotzinapa. Se estableció que el policía ministerial federal Ezequiel Peña Cerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes fueron los oficiales responsables de su detención.
Los representantes de la Fiscalía General de la República han declarado al programa que han vuelto a analizar los materiales de la investigación por tortura, anteriormente abierta por la Visitaduría General, contra los citados efectivos, así como contra sus superiores.
34 casos de tortura documentados por la ONU
De ser ciertas, las imágenes confirmarían las conclusiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de que existen «motivos fundados» para creer que algunas de las personas «fueron detenidas arbitrariamente y torturadas» en México, durante las primeras etapas de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes. Según este documento, publicado en marzo de 2018, «las graves violaciones [a los derechos humanos] fueron inadecuadamente investigadas e, incluso, encubiertas [por el Gobierno de México]». A través de este informe la ONU documentó al menos 34 casos de tortura en el marco de la investigación del caso Ayotzinapa. Cabe mencionar que la tortura de Carlos Canto Salgado no figura entre los casos confirmados.
Luego, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México desestimó estas acusaciones, indicando que la OACNUDH «omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales», entre ellos, el Protocolo de Estambul.
Según el Gobierno de México, el informe de la ONU «se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes».
En medio de la polémica, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) reveló en abril del 2018 otro informe de la ONU que el Gobierno mexicano mantenía en reserva. En este documento se denunciaba corrupción, práctica generalizada de la tortura y su impunidad en las cárceles y centros de detención de este país latinoamericano.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas, había entregado su informe a la Secretaría de Exteriores de México en diciembre del 2017, pero las autoridades federales no lo hicieron público. Sin embargo, el Estado se vio forzado a dar a conocer el documento por una solicitud hecha por la CMDPDH a través del Sistema Nacional de Transparencia.
En el reporte, el SPT informó que la «tortura es una práctica generalizada» en las prisiones mexicanas, y que la «impunidad, casi absoluta» de esos casos de maltrato «fomenta su repetición». Además resaltó que la «falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura», mientras que muchas personas privadas de libertad prefieren no denunciar los actos de maltrato a los que son sometidos por temor a represalias.
Como responsables de esos actos que van contra los derechos humanos, el informe señaló a funcionarios públicos de diferentes dependencias: agentes de la Policía federal, estatal y municipal, de migración e integrantes de las Fuerzas Armadas. Por último recomienda al Estado mexicano eliminar la figura del arraigo, fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y desarrollar acciones de prevención y sanción de la tortura.
(RT)
