Por el solo hecho de ingresar mercancía como licores, cigarrillos, textiles, confecciones, calzado, cauchos, juguetería, alimentos, productos de uso y aseo personal, ferretería y bisutería en general procedente del extranjero vía marítima desde Panamá, Curazao y Aruba; y terrestre desde Venezuela en las Zonas de Régimen Especial Aduanero en Colombia cobran un impuesto del 4%.
En el caso de los municipios ubicados en la Guajira, como Maicao, Uribia y Manaure, poblaciones que se ubican a dos horas de Maracaibo, capital del estado Zulia, en octubre del año 2000 se implementó el decreto 1706 para reglamentar un tratamiento preferencial en materia aduanera que luego fue modificado por el decreto 1201 en el año 2007 en el que definieron que estarán sujetas al pago de un impuesto de ingreso a la mercancía del 4%.
En otros productos como los derivados del petróleo, según de la Resolución 82588 de 1994, el Ministerio de Minas y Energía delegó en las Alcaldías los trámites referentes al manejo, distribución y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo.
En el Departamento de Santander, que limita con la zona Sur del Lago de Maracaibo, otro de los puntos de frontera caliente, la aplican por medio de la Cooperativa Multiactiva del Norte, que se encarga de otorgarle al Gobierno departamental el 10% de las ganancias sobre cada galón que llega.
En otras zonas, como en Cañas, la municipalidad publicó el decreto 904, con fecha del 14 de mayo de 2013 en el que se establece la tarifa de transporte de gasolina para quienes revenden el producto, según denunció en el 2015 el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Psuv Pedro Carreño.
“En ese decreto, lo único que se le exige a los pimpineros del Norte de Santander para vender libre y públicamente el combustible contrabandeado de Venezuela, es que le pague al municipio 450 pesos por galón”, alertó en ese entonces.
Ante las reiteradas quejas del Gobierno venezolano, las autoridades de la nación neogranadina solo han planteado la creación de planes para combatir y frenar el contrabando de los productos que llegan desde el vecino país que hoy enfrenta una fuerte crisis económica, más la eliminación de los impuestos que le permiten a sus municipios y regiones recaudar recursos propios.
Pável Rondón, exembajador de Venezuela en Colombia, señaló que Colombia tiene su normativa interna como la tiene Venezuela.
“¿Por qué no se aplican las leyes en Venezuela para que esa mercancía no salga?”, se preguntó al ser consultado por este medio.
“Hace falta más controles y una normativa más estricta”, advirtió a la vez que manifestó que esto ocurre por las “contradicciones que existen entre las leyes y la definición de lo que es contrabando, contrabando de extracción y bachaqueo. «A nosotros nos faltan precisiones legales y control”, afirmó.
Gustavo Márquez, quien también ocupó el cargo como embajador de Venezuela en Colombia hasta octubre de 2010, opinó que es normal el intercambio comercial mínimo entre ambos países por las asimetrías que existen, pero “se ha creado una economía paralela vinculada al paramilitarismo, las mafias, narcotráfico, conflicto armado y Colombia ha aprovechado la situación para trasladar parte de sus problemas a Venezuela, que los ha atendido”.
“El Gobierno colombiano ha reconocido el contrabando por la vía del hecho al permitir que los gobiernos locales cobren impuestos por la mercancía informal que llegue ante la caída de las ventas formales”, recordó a este rotativo el también exministro para el Comercio.
En el caso de la gasolina, explicó que “Ecopetrol, la empresa del Estado colombiano, al no suministrar combustible a la frontera, sino que consumen la que llega por contrabando, hizo que se creara un modus operandi donde las ‘mafias’ se quedan con una parte y el Estado también”.
Y es que además de la mercancía de productos y gasolina también se ha dado el “bachaqueo” de los billetes, lo que generó en diciembre pasado que el presidente Maduro ordenara sacar de circulación por unos días el de 100 bolívares por ser el de alta denominación para “frenar” a las mafias que estaban controlando la moneda nacional.
“Con el famoso decreto número 8, el Gobierno colombiano le entregó a unos corredores particulares, dueños de casas de cambio, una función que es propia del Banco Central de Colombia para que fijen el tipo de cambio en un escenario donde el lavado de dólares es fluido, creando una economía paralela”, explicó el exdiplomático Márquez.
