Los delitos que se le imputaron a los dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana señalados como autores de la muerte del capitán de corbeta retirado Rafael Acosta Arévalo tienen pautadas penas entre los cuatro y los nueve años de presidio, según el Código Penal vigente.

El teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el sargento Estiben José Zárate Soto, de 23 y 22 años respectivamente, fueron privados de libertad por decisión del Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, que acogió la imputación hecha por el Ministerio Público de homicidio preterintencional concausal. Los dos GNB son procesados por la muerte de  Arévalo, detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar por estar incurso en la planificación de hechos violentos que perseguían el asesinato del presidente Nicolás Maduro y de otros altos dignatarios civiles y militares.

Dependiendo de las consideraciones del juez sobre el dolo existente en el acto, en caso de ser  declarados culpables, serían condenados a las penas antes referidas, estipuladas en el artículo 410 del Código Penal.

Un homicidio es preterintencional cuando el autor perpetra un ataque con la intención de lesionar, pero la acción va más allá y termina causando la muerte de la víctima. El típico homicidio preterintencional ocurre cuando una persona ataca a otra (con armas o sin ellas) y, en medio de la acción, la víctima cae y se golpea mortalmente.

Se diferencia del homicidio culposo en que sí existe intención de hacer daño, es decir, dolo. En la modalidad culposa no hay tal intención, sino negligencia, imprudencia o inobservancia de normas y leyes.

El homicidio concausal, en tanto, ocurre cuando el sujeto activo comete una acción con el propósito de matar, pero esta no resulta suficiente para causar la muerte. Entonces, surge una circunstancia extraña al autor del crimen que desencadena el deceso. A esa circunstancia se le denomina concausa.

 

Un ejemplo habitual en los manuales de Derecho explica el caso de alguien que causa pequeñas heridas a otro con un arma demasiado débil, pero con la intención de asesinarlo. La persona sobrevive en el momento, pero horas después fallece, debido a que tenía problemas de coagulación.

De los delitos imputados se puede deducir que el Ministerio Público consideró que las lesiones causadas por los funcionarios al detenido fueron perpetradas con la intención de hacer daño, y luego se aunaron a una causa desconocida para los acusados que provocó el desenlace fatal.

 

(LaIguana.TV)

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