“¡Hay que matarlos, hay que matarlos!”, exclama una célebre periodista a través de su programa de televisión. Se refiere a los integrantes de los colectivos, las organizaciones populares que la derecha venezolana tanto se empeña en demonizar.
Previamente ha expresado su acuerdo con los planes de quienes pretendían “eliminar” al presidente Nicolás Maduro, a su esposa, Cilia Flores, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno y a un número indeterminado de altos funcionarios civiles y militares.
Las expresiones de la periodista, emitidas desde Estados Unidos, ya ni siquiera causan asombro. Algunos la saben capaz de decir cualquier cosa, otros le diagnostican alguna psicopatía. Pero el tema de fondo, el de la gravedad de la difusión de esta clase de mensajes, no debe ser dejado a un lado. La historia demuestra que pueden ser graves acelerantes en situaciones de guerra civil, masacres y genocidios.
Sobre el marco jurídico
Instigar a otros a que cometan asesinatos no solo es un hecho punible según la legislación interna de Venezuela (y, cabe suponer, la de todos los demás países), sino también un delito de lesa humanidad, susceptible de ser castigado por tribunales internacionales.
Lo anterior podría ser la clase inicial de una asignatura que en recibe diversos nombres (según la escuela de Comunicación Social de la que se trate), tales como Ética y Legislación de Medios, Marco Jurídico de la Comunicación o Ética de la Comunicación Social, entre otros. Pero es conveniente repasar esa materia de manera pública, en vista de que comunicadores e influencers venezolanos parecen creer que estar fuera del país los torna inmunes a sanciones por este grave tipo delictivo.
La periodista mencionada arriba es Patricia Poleo quien, como algo nada raro en ella, ha dado el ejemplo más extremo, al menos durante los últimos días. En su programa, emitido desde Miami, dijo estar de acuerdo con que el conflicto político venezolano se resuelva mediante un magnicidio y la “eliminación” de los principales funcionarios del gobierno. Igualmente se pronunció a favor de que quienes integran las organizaciones populares conocidas como colectivos sean asesinados. “¡Hay que matarlos, hay que matarlos”, dijo Poleo, sin contención alguna.
Al emitir ese tipo de mensaje, de estar en Venezuela, la heredera del famoso editor Rafael Poleo sería imputable por el delito de instigación a delinquir, previsto y castigado en el artículo 283 del Código Penal. “Cualquiera que públicamente o por cualquier medio instigare a otro u otros a ejecutar actos en contravención a las leyes, por el solo hecho de la instigación será castigado: 1. Si la instigación fuere para inducir a cometer delitos para los cuales se ha establecido pena de prisión, con prisión de una tercera parte del delito instigado”.
Otro artículo de la legislación penal vigente aplicable en este caso sería el 285: “ Quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a seis años”.
La Asamblea Nacional Constituyente, en su Ley Contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue más severa en la pena aplicable:
“Artículo 20. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
Un delito de lesa humanidad
Es bien sabido que muchos de los comunicadores venezolanos que difunden mensajes de instigación al asesinato masivo y el magnicidio, lo hacen desde fuera del país, especialmente desde Estados Unidos, país que si bien sanciona severamente estas conductas en su plano interno, las tolera y las estimula cuando se trata de atacar a países catalogados como enemigos.
Sin embargo, los llamados a matar a otros seres humanos por razones políticas, raciales o cualquier otra, son delitos de lesa humanidad, susceptibles de ser castigados por cortes internacionales de derechos humanos, especialmente si, de resultas, ocurren masacres o genocidios.
La jurisprudencia global más sustanciosa en este aspecto es la del genocidio de Ruanda.
En la década de los 90, en esa nación africana se desató una guerra civil entre las etnias hutu y tutsi, que dejó el terrible saldo de más de un millón de muertos. El conflicto hubo de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que tras analizar todo lo ocurrido, ubicó a varios directivos de medios de comunicación entre los principales responsables de la tragedia humanitaria, en pie de igualdad con jefes políticos como el exprimer ministro Jean Kambanda, el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Agustín Bizimungo, y el exministro de Defensa, Théoneste Basogora.
En el campo de los medios, la culpa recayó sobre la emisora de Radio y Televisión Libre de las Mil Colinas, que lanzó mensajes de corte racista. También castigó a directivos de la revista Kangura. Un estudio de la Universidad de Harvard le atribuye directamente a estos mensajes más de 50.000 muertes.
La experiencia internacional indica que el discurso de desprecio sostenido por medios de comunicación respecto a algún sector de la población puede transformarse dramáticamente en hechos de suma violencia. La Radio Televisión Libre de las Mil Colinas emitió constantes mensajes de desprecio a la etnia tutsi, a quienes se refería a menudo como “cucarachas que deben ser exterminadas”. Uno de los bastiones de esta radio fueron los programas de sátira y supuesto humor.
El Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra de Ruanda sentenció a cadenas perpetuas a los directivos de esta emisora y al director de Kangura.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
