La economista Pascualina Curcio destacó que el informe presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, está atestado de imprecisiones e información no verificada.
«Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades (…) el informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera», enfatizó la economista en un artículo difundido por la cancillería venezolana a través de su página web.
Curcio destacó que el escrito cuenta con una parcialidad al referir información de los factores políticos de la oposición y omitir datos oficiales, así como informes de diversas organizaciones de Derechos Humanos.
«Sobre este tema hay mucha tinta derramada (…) falta de rigurosidad metodológica en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información», agregó.
Condenó que la Alta Comisionada no exteriorizara un repudio decisivo ante las amenazas de intervención militar, así como el cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial que ejecuta el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano.
Asimismo, rechazó que en el informe no se repudiaran los intentos de magnicidios, golpes de Estado, los llamados al odio, así como la violencia de la derecha venezolana las cuales «derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos».
La economista exhortó a Bachelet a presentar las pruebas y precisiones de las graves acusaciones que manifestó en su informe, luego de realizar una visita a Venezuela el pasado 22 de junio, durante la cual sostuvo reuniones tanto con miembros del Gobierno Nacional como con sectores de la derecha venezolana.
«Pruebas que por respeto, nos merecemos los venezolanos y la humanidad entera», remarcó.
Solicitó a la Alta Comisionada especificar cuáles son «esos ‘motivos razonables’ que la llevan a ‘creer’ que se violan los derechos económico y sociales» en la nación suramericana.
Precisó que Bachelet en su informe señaló que «Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático», ante lo cual Curcio remarcó que en la nación suramericana se han realizado 7 elecciones desde el 2013 con la participación de los factores políticos, así como el reconocimiento del triunfo de la oposición por parte del Gobierno.
«Muchas preguntas surgen al respecto, especialmente cuando se acusa al Gobierno de cometer ‘numerosas’ violaciones de los derechos humanos. Las precisiones son indispensables en este apartado, así como los elementos probatorios», acentuó.
Además, subrayó que las acusaciones que realiza en el escrito son «muy delicadas que no deberían plantearse en términos imprecisos en un informe de este nivel».
Cursio destacó que la Alta Comisionada «emite juicios a priori y acusa al gobierno cuando simultáneamente reconoce que se requieren investigaciones para determinar las responsabilidades. Luce contradictorio, y por lo tanto irresponsable».
«Por la paz de Venezuela y la de América, por respeto a la humanidad entera conviene una actitud seria y responsables. Conviene decir la verdad», acotó.
Pascualina Curcio resaltó que «se ha convertido en práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de Estados Unidos, para invadir territorios y violentar soberanías».
«El Sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto de la norma internacional ha sido complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes capitales. Se ha prestado a la política de la guerra. De manera vergonzosa e ignominiosa se ha sumado a la mentira y a la manipulación. Ha sido cómplice», sentenció.
Por otra parte, rememoró que el mundo continúa en la espera de las pruebas sobre las «armas de destrucción masiva en Irak», así como las evidencias de la afirmación realizadas por la anterior Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally, quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que «abrió las puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria».
Tras la publicación del informe emitido por la Alta Comisionada, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó un total de 70 observaciones, en el que se presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en la nación.
(AVN)
