Está por cumplirse un año del arranque de la Marcha Campesina Admirable, que recorrió medio país, desde Ospino, estado Portuguesa, hasta Caracas. El aniversario encuentra a muchos de los marchistas nuevamente en la ciudad capital, en vigilia permanente ante la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Si se hubiesen cumplido las órdenes del presidente Nicolás Maduro, los pequeños productores agrícolas deberían estar trabajando en sus lugares de origen, pero los funcionarios encargados de ejecutar esas instrucciones se las han arreglado para no hacerlo.

 

Tal es el planteamiento central de dos de sus líderes, Eumary Henríquez y Jesús Osorio, quienes conversaron con el periodista Clodovaldo Hernández, en exclusiva para LaIguana.TV.

 

A continuación, una versión de ese diálogo:

 

-A un año del inicio de la Marcha Campesina Admirable, ¿cuál es el balance que hacen ustedes?

 

Jesús Osorio (J.O.): Estamos allí, en el Instituto Nacional de Tierras precisamente porque ese balance no es el mejor. Hemos resistido en Caracas por once meses, no estamos conformes con la situación a la que hemos estado sometidos. Cuando nos reunimos con el presidente se direccionaron unas líneas a la vicepresidencia de la República y la Asamblea Nacional Constituyente. El movimiento campesino organizado, con la fe que le hemos tenido a la Revolución Bolivariana, al presidente Nicolás Maduro, por nuestro compromiso con el comandante Chávez, consideramos que ese dictamen presidencial era una orden. Así es y así lo sentimos en ese momento. Pero estamos en Caracas porque gran parte de los casos sigue allí, sin resolverse, sin una definición. De los casos emblemáticos, que eran los que más nos preocupaban porque representaban una referencia histórica para la Revolución, pues están allí entramados. Muy específicamente tenemos el caso de Los Tramojos. El pueblo de Caracas y de toda Venezuela se enteró de que cuando fuimos a la recuperación de ese predio en el municipio Camaguán del estado Guárico, nos encontramos allí con una acción abrupta de las fuerzas policiales, según lo dicho por ellos allá, al servicio del gobernador del estado Guárico (José Vásquez, PSUV). Sabiendo que nosotros, los dirigentes campesinos, somos herederos de Chávez y los que mantenemos firme al PSUV, es lamentable que sean actores de esa línea política quienes golpeen al pueblo que los sostiene allí.

 

-Uno de los aspectos que ustedes más han denunciado es el de los dirigentes campesinos asesinados por el sicariato. Después de la reunión con el presidente, parece ser que el problema no ha cesado, sino se ha incrementado. ¿Es así?

 

Eumary Henríquez (E.H): Así es. Nosotros hemos esperado pacientemente por las respuestas de parte de las instancias competentes, pero lamentablemente no han sido lo esperado. Tenemos pendientes los casos de Jesús León, Guillermo Toledo, (Reyes) Parra, cariñosamente llamado “Parrita”, que hasta el momento no se les ha dado conclusión. Después del encuentro con el presidente en Caracas han ocurrido muchos asesinatos. Llevamos ya 19 compañeros caídos y lamentablemente no hay ningún pronunciamiento, pareciera que la muerte de nuestros campesinos no duele, no importa. Paradójicamente, son las fuerzas de seguridad del Estado las que actúan en contra del campesinado. Hace pocos días, en el sector La Hoyada, en Guanarito, atropellaron a una comunidad campesina, los golpearon, los sacaron de las tierras y actualmente hay varios detenidos. Entonces, tanto el sicariato como el problema de las agresiones no han parado. Cada día es mayor y casi nadie hace nada contundente al respecto.

 

-¿El Ministerio Público tampoco ha actuado?

 

E.H.: Eso está en discusión, pero no se ha avanzado mucho, para ser honestos.

 

J.O.: Para nadie es un secreto que desde que se promulgó la Ley de Tierras, el primer caído fue el camarada García (Armando García Huerta, apodado “el Pelaíto”) y a partir de allí se generaron todos los demás asesinatos. El elemento de poder es la tierra y en el momento en que se tocan los intereses aparecen los personeros que se acreditaron grandes cantidades de tierra a fuerza de dinero y poder político.

 

-En el caso de la recuperación de tierras para el campesinado, que era el eje central de este proceso desde que se aprobó la Ley de Tierras, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? ¿Es cierto que está en marcha un proceso inverso, de reprivatización de tierras?

 

J.O.: Bueno, sí. Nosotros, el movimiento campesino, lo hemos llamado la “restauración paecista”. Tenemos que denunciar que, sistemáticamente, las tierras han sido devueltas a los latifundistas, contrariando la Constitución Nacional, el artículo 307 y todo lo que contempla la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Consideramos que se trata de un plan estratégico de la derecha y sus lacayos, muchos de ellos ubicados dentro del poder constituido. En recuperación de tierras, le exigimos a las instancias competentes, y específicamente al camarada Nicolás Maduro, que revisen esas cadenas titulativas que se generaron en la administración de un presidente del INTI, llamado José Ávila Bello (julio 2016 a octubre de 2017) una persona que, de la noche a la mañana, generó un conjunto de cadenas titulativas que le han permitido a los latifundistas accionar contra el movimiento campesino. Cuando hablamos de la restauración del paecismo nos referimos a eso: a través de la fuerza, del Poder Judicial, al servicio de los terratenientes, se despoja de las tierras a los campesinos, tal como se vio en Los Tramojos o apenas ayer (el 2 de julio) en el predio La Ventana en el estado Guárico. En ese estado, para decirlo en el argot popular, el movimiento campesino lo que está llevando es palo. Allí se aprecia la contradicción que existe entre el verbo del camarada Nicolás Maduro y esas acciones de los actores políticos regionales que no acatan esas órdenes presidenciales. Como pueblo organizado vemos que existen allí unos elementos que no quieren contribuir con la paz de nuestra patria y que forman parte de ese grupo que, en van de la mano con los intereses internacionales, los del imperio, para generar perturbaciones en el movimiento campesino y en los otros movimientos sociales del país, con la pretensión de generar una implosión social que, al final, justifique lo que tanto han buscado durante todo este tiempo.

 

-Cuando uno oye hablar quienes tienen otra visión en este sector agrícola, oye decir que necesitamos con urgencia producir más y que eso no pueden lograrlo los pequeños productores, la gente que recuperó tierras porque su estructura productiva no permite las grandes escalas que requiere el país actualmente. ¿Qué piensan ustedes al respecto?

 

E.H. Eso es falso, completamente errado. Quienes suplen a las grandes ciudades son los conuqueros, por eso es la lucha para que se entreguen las tierras a los campesinos para que puedan producir. Los conuqueros no siembran un solo rubro, sino una gran diversidad: yuca, plátano, topocho, el cambur. En cambio, las grandes corporaciones, que son las que cuentan actualmente con el apoyo del Estado, siembran un solo rubro, que además, y eso está comprobado, sacan esa producción fuera para venderla en dólares. Esos grandes productores son los que están desangrando y esclavizando al país. Es falso que el campesino no produzca. Sí lo hace, lo que pasa es que no se le da la atención debida en el momento oportuno porque hay intereses que quieren restituir las tierras a grandes latifundistas y que son las que controlan estos sectores hoy en día.

 

-Luego de la conversación con el presidente Maduro, ¿cómo ha sido el contacto de ustedes con las autoridades del Estado, con el Ministerio de Agricultura y Tierras?

 

J.O.: Estratégicamente, cada quien en su área, aplica lo que mejor le conviene. El Ministerio ha estado allí, por supuesto, porque es el órgano rector, pero la poca diligencia que se le ha dado a la directriz del presidente Nicolás es la causa de que nosotros sigamos acá en Caracas después de once meses de habernos reunido con él. La estrategia ha sido “te suelto un casito hoy y te suelto otro dentro de tres meses”. Eso es lo que nos mantiene en el INTI, de donde no nos vamos a mover porque si existe la voluntad política y existe la sustentación técnica para que las tierras sean devueltas al campesino, no justificamos por qué no sale al menos un bloque de los 108 casos pendientes. Eso, al menos, permitiría salir en el escenario nacional, por Venezolana de Televisión u otros medios, a decirle con alegría al señor presidente que su palabra fue cumplida. Así podríamos declarar que nos sumamos a la cadena productiva y decir que si bien nos habían solapado ciertos derechos, podemos darnos la mano con el eslogan ese de “juntos todo es posible”. Lamentablemente, consideramos que no existe esa voluntad para, de una vez por todas, salir de este problema de una manera concreta. Lo que hacen es generar un letargo que produce descontento y nos obliga a seguir aquí, haciendo resistencia. Eso sí, en apoyo al presidente Nicolás Maduro, que nadie se equivoque. A nosotros siempre nos ven en las marchas que convocan, en apoyo al camarada Maduro, pero, como buenos revolucionarios, hijos de Chávez, estamos atentos, vigilantes a que su palabra se cumpla y que aquellos actores que estén involucrados en estas problemáticas sean diligentes en la acción, sean verdaderos revolucionarios que, aprovechando la coyuntura en la que está el país, le demuestren al país y al mundo que sí tienen un compromiso con la Revolución. Es allí donde queremos apuntar: las cosas no se han dado de manera diligente. Pareciera que no existe la combinación perfecta. Nos dicen que juntos todo es posible, pero nos preguntamos ¿juntos cuáles?, porque el tribunal no baja el documento a tiempo y eso le impide a la vicepresidencia hacer a tiempo el análisis que conduzca al dictamen del INTI. Ese entramado nos llena de incertidumbre porque si ellos no logran funcionar con eficiencia cómo es que nos piden a nosotros, como pueblo, que seamos más organizados. Pienso que el ejemplo comienza por la cabeza, es el poder constituido el que tienen que ponerse de acuerdo. A eso le sumamos que estas críticas casi no gustan, pero nosotros las hacemos como hijos de Chávez. Por ahí nos llaman “chavistas radicales”. No, no es así, somos los chavistas conscientes de que existe en el país una necesidad de que se apliquen las tres erres: la revisión, porque al que no sirve hay que sacarlo; la de rectificación, porque aunque hayamos formado parte de una política adversa, tenemos oportunidad de cambiar; y el reimpulso porque Venezuela no puede seguir dependiendo de los hidrocarburos ni pasar a depender de la minería, sino que aprovechando esos dos recursos, debería salir a la vanguardia a nivel latinoamericano como productor de alimentos agrícolas. En fin, es un mar de contradicciones que a nosotros nos tiene llenos de preocupación.

 

-Otro aspecto pendiente desde en el encuentro con el presidente es el Congreso Campesino. ¿Cuál es la situación de eso?

 

E.H.: No se ha llevado a cabo quizá porque no conviene, porque allí habrá la participación directa del pueblo, que tendrá la oportunidad de expresarse, decir verdades. Eso no gusta, que el pueblo diga la verdad. Aun cuando somos revolucionarios y siempre reiteramos nuestro compromiso con la Revolución, somos satanizados en algunos sectores por eso, porque somos sinceros. Sin embargo, tenemos la esperanza de que ese congreso se logre y podamos acordar planes estratégicos para hacer cambios que pueden llevar a este proceso hacia un nivel más fructífero.

 

J.O.: El Congreso no lo han dejado hacer y dudamos que se haga, aunque abrigamos la esperanza de que se dé. Lo que le pedimos al presidente en sincerizarnos para definir el modelo agroproductivo que más le favorece al país. No podemos seguir con el sistema dependiente de los puertos y de los insumos que se traen de fuera. Tenemos que hablar de la Ley de Semillas, que está en algún escritorio. Debemos tener claro que se están manejando tremendos negocios y que cuando eso ocurre, las políticas sociales pasan a un segundo plano. El Congreso Campesino no se va a dar porque allí estaría la médula de esa discusión. Así como los comuneros y los trabajadores se están organizando, los campesinos estamos convencidos de que la unidad monolítica es la que nos va a permitir quitarnos ese peso de encima, tanto interno como externo. Pero sabemos que hay personas interesadas en impedir que se realice el Estado comunal, y están haciendo todo lo posible para que nunca se concrete lo que está en las leyes, en el Plan de la Patria y en los documentos que dejó el comandante Chávez.

 

-Aparte del tema del sicariato y de la recuperación de tierras, ¿qué otros están planteando ante el INTI?

 

J.O.: Son cinco líneas, no todas dirigidas necesariamente al Instituto. Como una organización responsable, queríamos centrarnos en lo acordado con el presidente Maduro. Una es la recuperación de la tierra para los campesinos. La segunda es enfrentar la judicialización. Debemos recordar que el presidente se comprometió con ese tema. Exigió que se activaran los mecanismos necesarios y que si a él le correspondía emitir un decreto, él lo haría, para que las mujeres y los hombres del campo dejaran de ser víctimas de las imputaciones de falsos positivos que han surgido en esta pelea por la tierra. Ese decreto debe estar elaborado. Me imagino que el presidente, en cuanto lo tenga en sus manos, lo firmará porque él está convencido de esa realidad. Ahora, nosotros exhortamos a aquellos funcionarios que, aguas abajo, no quieren activarse. Y digo “no quieren activarse” porque cuando uno usa una palabrita por allí, se molestan. Pero, después de once meses, uno puede reclamar con propiedad. No puede nadie decir que no sabía o que no le dijeron. Aprovecho este medio para llegarles y recordarles, pues. Nosotros estamos esperando que se haga ese documentico porque sabemos que nuestro presidente está listo para firmarlo. Bastante tinta tiene en su lápiz cuando firma y otorga plata por aquí y por allá… Nosotros, el movimiento campesino, la Plataforma de Luchas Campesinas, lo marchistas, los hijos de Chávez, le pedimos que firme ese decreto para que las mujeres y los hombres del campo salgan de ese régimen de presentación ante tribunales. El tercer punto es el sicariato. Cuando uno lo habla, comienzan los dolores de estómago y de cabeza porque el poder económico está allí involucrado y también factores dentro del mundo político que hacen fuerza para que nuestra Venezuela no termine de parir esa revolución ansiada por todos. Nosotros los campesinos, en cambio, no tenemos la relevancia para lograr que se investiguen esos casos y se determine la culpabilidad de los autores. El cuarto punto es el plan de siembra. Vemos con preocupación que se nos han entregado hasta este momento seis mil hectáreas de semilla. Eso es verdad, y sale la propaganda la televisión, pero qué vamos a hacer si no nos han entregado los agroquímicos. Sabemos que la tendencia es pasar a un mundo agroecológico, pero esa idea que fue planteada por Chávez nunca se desarrolló, por conveniencias, seguimos dependiendo de los agroquímicos. En estos momentos solo tenemos agroquímicos para cubrir 2 mil 200 o 2 mil 500 hectáreas, de las 6 mil disponibles para cereales. Además, solo nos han entregado 1 mil 600 toneladas de fertilizantes. Es decir, que los componentes necesarios para producir no entran de manera conjunta y eso hace que el sector campesino tenga un revés, que quedemos mal frente a la población venezolana y ante el presidente Maduro. Por eso vuelvo a decir que nosotros creemos que esta es una acción sistemática, muy estratégica para justificar una política agraria que no está en concordancia con el modelo de la Revolución. Cuando hacen sus planes, la referencia que toman es a los grandes productores, pero la realidad del país indica que en circunstancias tan difíciles, hemos sido las conuqueras y los conuqueros quienes hemos sostenido la alimentación del pueblo de Venezuela.

 

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)