La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, manifestó este viernes su preocupación por el asesinato de 127 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), a pesar de haberse firmado en 2016 un Acuerdo de Paz, entre el grupo insurgente y el Gobierno de la nación neogranadina.
En el informe presentado por el jefe de la Misión de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, se señala que los asesinatos se registraron después de suscribir los acuerdos de paz, firmados durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, tras cuatro años de diálogos en La Habana, Cuba.
«Desde que se publicó el informe del Secretario General, hace tres semanas, otros cuatro excombatientes han sido asesinados, lo que eleva a 127 el número de exmiembros de las FARC-EP asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Uno de ellos asesinados era un excomandante de nivel medio que había participado activamente en las negociaciones en La Habana y que dirigía un proyecto productivo», expresó Ruiz Massieu.
No obstante, Masseieu indicó que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de Colombia ha trabajado para resolver los casos de asesinatos de los excombatientes, por lo que aseveró que es importante «combatir la impunidad, incluyendo a los autores intelectuales de estos crímenes».
Por otra parte, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU señaló que en el último mes, representantes del Gobierno de Iván Duque, de la FARC y del organismo internacional, visitó los espacios territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde fueron ubicados los exguerrilleros de las Farc-EP para apoyarlos en su reinserción a la sociedad.
«Es esencial garantizar los recursos suficientes para alcanzar los objetivos del Gobierno en materia de vivienda, salud, educación y el cuidado de los niños», enfatizó el diplomático de la ONU durante su declaración ante el Consejo de Seguridad del organismo.
«Es urgente aumentar el número de proyectos productivos para los excombatientes y proporcionar la asistencia técnica necesaria para tener acceso a mercados para asegurar su sostenibilidad. Ambas partes tienen la responsabilidad de revitalizar el proceso de presentación, aprobación y desembolso de fondos para los proyectos. Las comunidades, las poblaciones étnicas y las mujeres deben estar en el centro de estos esfuerzos», agregó Masseieu.
El pasado 14 de julio, la agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció ante representantes de la ONU el incumplimiento del Gobierno de Colombia de los Acuerdos de la Paz, debido a los continuos asesinatos de líderes sociales que, tal como indica el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), luego de la firma de los acuerdos, alcanzan la cifra de más de 750 líderes sociales.
La FARC denunció, además, que el presidente de ese país, Iván Duque, deslegitima las funciones de la la Justicia Especial de Paz (JEP), al tiempo que desfinancia su implementación.
(AVN)
