La forma como se han desarrollado judicialmente el caso de la confiscación de Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, pone en evidencia que toda la jugada política del «cambio de régimen» es una operación de robo premeditada y planificada con complicidad del poder corporativo global, del gobierno de Estados Unidos y de la camarilla que ha tomado el control de la oposición venezolana.
Se confirma lo expresado recientemente por el periodista de investigación Víctor Hugo Majano, en entrevista para LaIguana.TV: “La velocidad demostrada por el equipo del autojuramentado Juan Guaidó para apoderarse de recursos del Estado es la característica más notable de la aventura del gobierno paralelo”.
La estratagema ha tenido dos componentes: el político, mediante el cual se ha pretendido cambiar el gobierno basándose en una interpretación arbitraria de la Constitución Nacional; y el económico, para el que se han creado estructuras financieras y se han ejecutado arteras maniobras judiciales destinadas a sustraer ilícitamente el dinero del Estado venezolano, aun sin que se concrete el derrocamiento.
El asalto político no ha dado los resultados esperados. Pese a todas las presiones, el gobierno constitucional de Nicolás Maduro ha resistido, mientras la opción de Guaidó se ha ido debilitando día tras día.
La artimaña ha funcionando, en cambio, en su plano económico, pues los mecanismos diseñados le han permitido a los poderes políticos y fácticos de EEUU y sus países aliados, con el mascarón de proa del gobierno interino, apropiarse descaradamente de activos y fondos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela.
El “modelo de negocio” establecido se basa en el hecho político de que EEUU y sus satélites desconocen la autoridad del gobierno verdadero de Venezuela y se la otorgan a una camarilla que, en términos estrictos, actúa como representantes de los intereses de eas potencias que la avalan. A cambio, los integrantes de la camarilla esperan que EEUU derroque a Maduro y los establezca a ellos de manera formal en el Ejecutivo. Mientras eso ocurre, se benefician con comisiones y negocios derivados del atraco contra los activos del Estado venezolano.
El mecanismo delictual se basa en el control que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre las decisiones del Poder Judicial de EEUU, pese a la proclamada separación y equilibrio de poderes de la que tanto se ufanan los promotores de la democracia estadounidense. Con el garrote de las llamadas “sanciones” , ese control se extiende fuera de las fronteras de EEUU y condiciona de las decisiones de los jueces en otras latitudes.
Detalles impúdicos
Es un aparataje bien montado, diseñado para robar bajo una apariencia legal. Pero, como suele pasarles a los integrantes de la clase política opositora, han cometido errores bastante notorios, tal vez producto de su exceso de confianza y de avaricia.
El detalle más impúdico que se ha visto hasta ahora es haber encargado de la “defensa” de Citgo a un abogado que hasta hace apenas unas semanas representaba a la contraparte, la firma canadiense Crystallex. No fue una sorpresa, entonces, que el jurista saliera como “perdedor” en tal defensa, aunque es obvio que en realidad ganó.
El caso de José Ignacio Hernández es de una chapucería tal que hasta algunos connotados opositores han salido a cuestionarlo.
El descaro de usar como defensor a un abogado vinculado al adversario en un juicio ha hecho que se investigue la trayectoria profesional de Hernández, quien resultó ser socio del bufete Grau, García, Hernández & Mónaco, que ha defendido (en ese caso, de manera muy eficiente) a Empresas Polar en procesos relacionados con el uso indebido de divisas otorgadas por Cadivi.
La conducta, evidentemente reñida con la ética, de este abogado es apenas un botón de muestra del Modelo Guaidó, pues otros “altos funcionarios de su gobierno” tanto en EEUU como en otros países clave (donde la República tiene activos o depósitos bancarios), son evidentemente parte de la ingeniería financiera del gran atraco.
En EEUU están los más prominentes, como el “embajador” Carlos Vecchio, quien ha sido abogado de la ExxonMobil, otra empresa querellada contra Venezuela. En Colombia, gente del entorno de Guaidó ha tomado el control de Monómeros, otra empresa filial de Pdvsa. En Londres, Juan Salcedo, un primo de Guaidó que se ganaba la vida como guía turístico en el Fenway Park (el estadio del equipo de grandes ligas Medias Rojas de Boston), pasó a ser, de un día para otro, un potentado empresario financiero, socio mayor de Fivendes Ltd, una firma que, según las investigaciones del periodista Majano, fue montada para trasegar los recursos derivados de los depósitos en oro propiedad de Venezuela que el Banco de Inglaterra mantiene confiscados ilícitamente.
Con el transcurrir del tiempo, se espera que vayan surgiendo nuevas evidencias de esta gran operación de despojo que, por cierto, no es nueva, sino una copia de la que se aplicó en el caso de Libia, mediante un írrito Consejo Nacional de Transición. Por cierto, el abogado Hernández fue uno de los primeros en proponer públicamente que Guaidó se autoproclamara presidente como medida previa para luego comenzar a operar bajo el modelo libio. Lo hizo en un artículo para el diario The New York Times.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
