La nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuesta este lunes contra Venezuela, fue impulsada y solicitada desde marzo por José Ignacio Hernández y Carlos Vecchio, agentes designados por el autoproclamado Juan Guaidó, para garantizar los intereses de la burguesía comercial importadora y de las corporaciones globales de comercio como presuntos acreedores de la República.

 

El mecanismo planteado fue la llamada orden de protección de activos que, según lo afirmó primero Vecchio en una carta presentada en marzo, buscaba que el «Gobierno» de Guaidó se concentrara en la «transición», publicó este miércoles el blog de investigación periodística La Tabla.

 

«Hemos solicitado una orden ejecutiva para proteger los activos de los acreedores. Es decir, de los tenedores de bonos», confesó en mayo para la Voz de América, José Ignacio Hernández, «procurador» del autoproclamado Guaidó.

 

En ese momento, el abogado advirtió que se trataba de una medida excepcional al referirse a las críticas de factores opositores que cuestionaban el retraso de la administración Trump en proteger los activos.

 

En el 1º de julio, Hernández divulgó un documento elaborado por él conjuntamente con Ricardo Hausmann y Alejandro Grisanti, en el que se define favorecer a los presuntos acreedores del Estado por facturas comerciales no pagadas o por daños causados por las denominadas expropiaciones o nacionalizaciones.

 

El trabajo publicado en el blog La Tabla, destaca que el objetivo es beneficiar a la burguesía comercial importadora y las corporaciones globales que operan como sus aliados.

 

El modelo propuesto por el equipo de Guaidó establece un tratamiento inclusivo de todas las reclamaciones cuyo origen sería de carácter comercial e igualitario, en el sentido de no establecer diferencias con los compromisos respaldados por títulos y bonos.

 

La aplicación de esa propuesta pasa por la preservación de los activos de acciones de toma de control por parte de los tenedores de bonos, y especialmente de que efectivamente el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, sea desplazado del poder.

 

En virtud de que para finales de octubre está previsto un pago de 913 millones de dólares, correspondiente al bono Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 2020, que no se podrá efectuar, la activación de los mecanismos de embargo a favor de los acreedores podría concretar la pérdida de control sobre Citgo.

 

Tampoco para esa fecha es probable que Guaidó se haya convertido en jefe de Estado para poder renegociar la deuda de acuerdo al plan Hausmann-Grisanti-Hernández, señala La Tabla.

 

Este escenario probablemente impulsó la opción de la protección de activos, solicitada en marzo por el autoproclamado Juan Guaidó.

 

En 2014, Ricardo Hausmann, desde su posición como líder de un centro de investigación de la Universidad de Harvard, planteó la posibilidad de crear las condiciones para que los sectores comerciales del empresariado recuperaran los niveles de transferencias de divisas a los que estaban habituados y que superaron los 50 mil millones en 2012.

 

Posteriormente, en 2015, se reveló una conversación de Hausmann con el empresario Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar, que mostraba la existencia de un plan de guerra económica que contemplaba acuerdos con la banca multilateral, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), para comprometer a la República con créditos de al menos 60 mil millones de dólares.

 

El interés de Polar en un cambio de gobierno en Venezuela no ha disminuido y en esta última etapa se ha expresado con una activa participación del equipo que maneja la marca Pepsi que opera en el país, en el intento de ingresar supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero pasado.

 

Esta compañía tiene intereses directos en al menos dos casos de nacionalizaciones efectuadas en 2010, en los que era socio local de inversionistas globales.

 

Uno de estos es el referido al complejo de fertilizantes Fertinitro, en el estado Anzoátegui, donde era socio con 10% de acciones junto con una compañía de los Hermanos Koch, la sexta fortuna más grande en los Estados Unidos.

 

Este grupo corporativo ha usado como gestor legislativo y lobbista al actual secretario de Estado, Mike Pompeo, uno de los más activos impulsores de la ofensiva contra Venezuela en la administración Trump, cita La Tabla.

 

(AVN)

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