Investigaciones realizadas por @latablablog, demuestran que el ingeniero eléctrico Alejandro Plaz Castillo, quien fue designado este miércoles por el diputado en desacato, Juan Guaidó, como comisionado presidencial para el desarrollo económico, está vinculado a estafas inmobiliarias en 2007. Esto como apenas un hito en el prontuario político de este «comisionado» del autoproclamado. Entre las estafas, destaca el caso «El Encantado», un urbanismo anclado en la parte alta de Macaracuay, donde los futuros propietarios aportaban grandes sumas de dinero regularmente y al cabo de varios años debían seguir cancelando recursos, para al final percatarse que la construcción del inmueble estaba semi paralizada.
Oliendo negocios turbios en torno al mercado inmobiliario, en octubre de 2007, el presidente Hugo Chávez, en su programa dominical Aló Presidente, ordenó la expropiación de seis desarrollos urbanísticos que se encontraban en construcción, la ocupación temporal de otros ocho para su entrega, y la aplicación de medidas especiales a 19 más.
Entre estos urbanismos estaba «El Encantado», a cargo de la empresa Urbania 2007, cuyos dueños eran Héctor Casado, Francisco Javier Reyna, Eloy Alfredo Montenegro, Gustavo Stolk, Domingo y Alejandro Plaz Castillo, estos últimos, vicepresidente y presidente de la empresa Glasgow Financial Inc, según datos del registro público de Panamá.
Operador político
Alejandro Plaz Castillo además, funge como operador político desde 2005, cuando ayudó a posicionar la matriz negativa sobre Venezuela.
Como director de la ONG Súmate, encargada de supervisar procesos electorales, viajó a Chile para reunirse con el canciller para entonces, Ignacio Walker, la entonces candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, y con el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Gutenberg Martínez.
Seguidamente, Alejandro Plaz Castillo se fue a Perú para denunciar ante la Comunidad Andina de Naciones y asociaciones civiles como ‘Perú Posible’, ‘Idea – Ágora Democrática’ y ‘Unidad Nacional’, que en Venezuela no había separación de poderes.
De ahí se pasó a Washington, Estados Unidos, para llevar la misma premisa ante funcionarios miembros de la Organización de Estados Americanos.
En 2005, fue sometido a juicio, junto a María Corina Machado y los también directivos de Súmate Luis Enrique Palacios y Ricardo Estévez en el tribunal 41 de Control, a cargo de la jueza Norma Sandoval. Como resultado, fue imputado por la ex fiscal del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz – hoy prófuga de la justicia venezolana-, por el presunto delito de conspiración contra el Gobierno Bolivariano y por recibir fondos del ‘National Endowment for Democracy’. Se le fue prohibida la salida del país, pero el juicio fue suspendido en 2006 por presuntas violaciones al debido proceso.
Alejandro Plaz Castillo, es egresado de la Universidad Simón Bolívar y cuenta con dos maestrías en Estados Unidos.
(LaIguana.TV)
