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“Suspendieron las garantías” fue una frase que se acuñó en la memoria de los venezolanos durante los sucesos que sacudieron al país desde el 27 de febrero hasta el 8 de marzo de 1989, para referirse a la medida tomada por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) junto al toque de queda, como una forma de controlar a la población «rebelde».

 

La dura medida estipulada en la Constitución de 1961, vigente para la época, fue anunciada el 28 de febrero en horas de la noche por el Ministro de la Defensa, general Ítalo del Valle Alliegro, quien leyó personalmente el texto del decreto que él mismo refrendó.

 

“De conformidad al artículo primero del decreto número 49, se suspende en todo el territorio nacional la garantía de libre tránsito, consagrado en el artículo 64 de la Constitución. Se prohíbe la circulación de personas y el tránsito de vehículos en todo el territorio nacional de acuerdo con horarios, exceptuando a quienes en virtud de su profesión y oficio debidamente autorizada por las autoridades deban cumplir funciones a ellas inherentes, los infractores de la resolución serán sancionados”, decía el documento.

 

Esto significaba que las personas debían estar en sus casas antes de las ocho de la noche hasta las seis de la mañana del día siguiente, sin poder salir de ellas ni en casos de emergencia, de lo contrario se exponía a ser detenido y hasta desaparecido de forma forzosa, como efectivamente ocurrió.

 

Finalmente, el expresidente Pérez suspendió las garantías en Consejo de Ministros, “pero las Fuerzas Armadas no salieron a la calle hasta bien entrada la tarde, como a las 5:00 p.m.” indicó.

 

“Lo que se vivió esos 23 días en 1989 de suspensión de garantía sirvió para demostrar que la Fuerza Armada Nacional (FAN) salió a la calle para reprimir el levantamiento popular”, opina al respecto el historiador Roberto López, profesor de la Universidad del Zulia.

 

López agrega, además, que “un Gobierno elegido legítimamente tiene la potestad de suspender las garantías, siempre y cuando exista una razón que ponga en peligro la estabilidad de la nación”. Potestad que nunca se atribuyó el Comandante Chávez, a pesar de los sucesos que derivaron en un golpe de Estado en el 2002 y, posteriormente, durante el paro insurreccional que saboteó a la industria petrolera.

 

En 1992, los venezolanos vivieron un escenario similar al de 1989, nuevamente el Gobierno de CAP suspendía las garantías constitucionales que consistía, tal como lo explicó el propio ministro de la Oficina Central de Información (OCI), Andrés Eloy Blanco, en suspender prácticamente el derecho a la vida, y darle luz verde a la arbitrarias detenciones, como la misma historia demostró que ocurrió.

 

“Cualquier ciudadano puede ser detenido sin necesidad de orden judicial, aún después de librada la orden de libertad puede mantener en detención un ciudadano, la libertad de expresión y de pensamiento queda suspendida, el derecho a reunión, derecho a huelga queda suspendido, la libertad de manifestación pública queda suspendida”, afirmó Blanco cuando dio a conocer la medida el 4 de febrero de 1992.

 

(LaIguana.TV)