Este sábado, fueron acribillados en Colombia otros dos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), identificados como Milton Urrutia y José Milton Peña, sumados al proceso de reincorporación; fueron asesinados cuando estaban en un hotel de la ciudad de Cúcuta (noreste), reportaron medios locales de prensa.
En su reporte la agencia cubana de noticias Prensa Latina reseña que un equipo de la Policía Nacional investiga el crimen.
Durante el hecho resultó herido por impactos de bala en el tórax y en la cabeza, Arsenio Maldonado, otro exguerrillero.
Según un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación, una nueva ola de violencia política sacude a Colombia por cuenta de asesinatos cometidos contra exguerrilleros de las otrora Farc-EP en proceso de reincorporación.
Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado y esa exguerrilla) y el 12 de agosto de 2019, la Fundación registró 106 personas asesinadas que se encontraban adelantando labores de reincorporación a la vida civil.
Esas personas actuaban en distintos escenarios laborales, educativos y ejerciendo roles de liderazgo en sus comunidades por la defensa de la paz, el medio ambiente, la implementación del Acuerdo, entre otras. Asimismo, han sido a asesinados 26 de sus familiares, detalló.
Según el material divulgado, la violencia contra exguerrilleros tiene un gran impacto en la posibilidad de construir paz y reconciliación.
La alta victimización es uno de los incentivos más poderosos para la reincidencia en actividades ilegales y para que estas personas opten por acudir a estructuras criminales para garantizar la protección de su vida ante la incapacidad del Estado, puntualiza la información.
La academia y centros de investigación especializados en procesos de desmovilización, desarme y reintegración parecen estar de acuerdo en que la falta de seguridad física es la piedra angular que podría marcar el éxito o fracaso de la reincorporación a la vida civil y, al mismo tiempo, es un factor en la reincidencia ante la falta de garantías de seguridad, añadió.
A su vez, indicó que la falta de voluntad política para la puesta en marcha y el mantenimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación, dificulta la creación de posibles soluciones para mitigar el riesgo de quienes suscribieron el Acuerdo y expresa la falta de compromiso del Gobierno con la integridad de los exguerrilleros.
(VTV)
