La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció este lunes sobre el caso de los diputados a los que se les levantó la inmunidad parlamentaria por estar implicados en casos que atentan contra la estabilidad del país.

 

Aseguró que desde su visita al país y presentación de su informe a principios de julio, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional en desacato, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad.

 

Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio: «Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto», dijo en referencia a los diputados Juan Requesens y Edgar Zambrano.

 

Además, rechazó el juicio militar que condenó al sindicalista Rubén González a cinco años y 9 meses de prisión.

 

Omisión de causas: ¿Amnesia selectiva de Bachelet?

 

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se refirió a los mencionados hechos sin contemplar las causas del levantamiento de la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados opositores y la condena del secretario general de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera).

 

Sobre el primer punto, Bachelet omitió detallar las causas por las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados: José Guerra, Tomás Guanipa y Rafael Guzmán, todos militantes del partido Primero Justicia; y Juan Pablo García, de Vente Venezuela.

 

Los mencionados parlamentarios alentaron la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el pasado 12 de agosto el levantamiento de la inmunidad para iniciar un proceso judicial por la comisión flagrante de delitos tales como “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes, rebelión civil, instigación pública”.

 

Por otro lado, Bachelet no mencionó que al sindicalista de Ferrominera Orinoco, Rubén González, se le imputó tres cargos militares: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La sentencia al sindicalista del pasado 13 de agosto la dictó el Tribunal Militar Quinto de Control en Maturín, estado Monagas, condenándole a 5 años y 9 meses de prisión.

 

La Fiscalía Militar 43, con competencia en el estado Bolívar, presentó cargos por delitos militares contra el sindicalista.

 

El pasado miércoles 28 de noviembre, durante una protesta de trabajadores, González afirmó ante los medios de comunicación que «la única fórmula de que podamos pasar una navidades felices es que Nicolás Maduro, con todo su Ejecutivo Nacional, se pueda ir de Venezuela».

 

(LaIguana.TV)

 

 

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