La soberanía de Brasil podría estar amenazada por un proyecto de ley que permite la venta de tierras a inversionistas extranjeros, situación que mantiene en alerta a algunos analistas, reseña este sábado Radio Brasil Fato, citado por Prensa Latina. 

 

«La inversión extranjera significa una mayor demanda de tierra y tiende a subir sus precios. Esto hará que la producción sea más costosa, pues la tierra es un componente importante de los costos de producción», advirtió Sérgio Sauer, profesor de la Universidad de Brasilia.

 

La legislación sobre la venta de tierras a extranjeros fue redactada en 1971 durante la dictadura militar (1964-1985). La regla establece criterios de comercialización para dos perfiles de compradores: empresas extranjeras con sede en Brasil y las nacionales con mayoría de capital controlado por extranjeros: sean particulares o compañías.

 

Tal propuesta actualmente está siendo debatida en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado y se espera de la opinión del relator Rodrigo Pacheco.

 

De aprobarse, se autorizará la venta de hasta el 25% del territorio brasileño a personas de otra nacionalidad. El proyecto de ley es bien recibido por el Frente Parlamentario Agrícola, la base de apoyo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la Cámara de Diputados y el Senado, y por el ministro de Economía, Paulo Guedes.

 

Para Alexandre Conceição, de la coordinación nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), la liberación conlleva riesgos no solo para la soberanía nacional, sino también para la seguridad alimentaria de los brasileños.

 

«Tenemos 100 millones de hectáreas de tierra cultivable y 4,5 millones sin tierra. Por lo tanto, no tiene que devastar, no necesita disparar en la Amazonia: es suficiente distribuirla a los sin tierra para que podamos producir alimentos saludables, protegiendo la naturaleza, dentro de la agroecología», apuntó el líder del MST.

 

Denunció que el programa del Gobierno de Bolsonaro es deshacer todo lo que hizo la Constitución de 1988, donde se debe garantizar la función social de la propiedad de la tierra y la soberanía nacional.

 

(AVN)