El viernes 20 de septiembre, la justicia europea desestimó el recurso presentado por el Gobierno venezolano contra las medidas restrictivas impuestas desde el año 2017 por la Unión Europea (UE) a Venezuela.
«El Tribunal General (de la UE) decide desestimar el recurso», reza el fallo de la corte con sede en Luxemburgo, en respaldo al Consejo de la UE, institución que impuso las sanciones contra Venezuela.
Además, el tribunal europeo dispuso que por “haber sido desestimadas las pretensiones de la República Bolivariana de Venezuela, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las del Consejo, conforme a lo solicitado por este”.
El 13 de noviembre de 2017, la Unión Europea impuso sus primeras medidas restrictivas contra Venezuela. Se trató de la prohibición a empresas europeas de la exportación de armas y equipos que pudieran ser utilizados con fines represivos en el país suramericano.
Por su parte, meses atrás, la agente del Consejo de la UE, Petra Mahnic, aseguró que el reglamento adoptado respondía “al deterioro de la democracia, del Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”.
Venezuela sostiene que esas sanciones son “contramedidas ilícitas conforme al Derecho Internacional consuetudinario”, de acuerdo con el recurso, presentado en febrero del año pasado. Además, el gobierno venezolano considera que con ese régimen de sanciones, se vulneró su derecho a ser escuchado, no se justificó debidamente la decisión y existen errores de apreciación en relación con los hechos.
El tribunal desestimó la demanda después del estudio de los motivos de inadmisibilidad defendidos por el Consejo de la UE, tales como que las “disposiciones impugnadas no afectan directamente” a Venezuela.
«A lo sumo, pueden tener efectos indirectos» debido a que las prohibiciones impuestas a las entidades de los países de la UE pueden limitar “las fuentes en las que Venezuela puede procurarse productos y servicios”, según el fallo.
Además del embargo de armas, la UE congeló activos en el año 2018 y prohibió visados para 18 funcionarios.
En este sentido, falta que el Tribunal General se pronuncie sobre los recursos presentados por 10 de los 18 funcionarios contra las sanciones individuales, entre ellos, la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.
(LaIguana.TV)
