En estos últimos años, la sociedad venezolana se ha despolarizado. La mayoría se ha distanciado del actual conflicto político y percibe que allí no están representadas ni están incluidas sus verdaderas expectativas y demandas. La mayoría se siente ajena, distante, excluida de este conflicto.

 

Los venezolanos exigen de sus dirigentes, estén en el Gobierno o en la oposición, soluciones y respuestas para enfrentar las graves dificultades que atravesamos.

 

Por ello, la mayoría del pueblo venezolano apoya el diálogo político y rechaza la violencia. Entiende que sólo a través del diálogo productivo y la construcción de consensos es posible enfrentar y resolver la crisis económica, que es la principal preocupación de la población.

 

Hasta ahora la violencia política ha ocasionado muertes, destrucción, caos y sufrimiento. Durante 20 años, la estrategia insurreccional de la oposición ha fracasado reiteradamente, a un costo terrible para el país.

 

Uno de los antecedentes más emblemáticos, fue la acción golpista que desembocó en el derrocamiento del presidente Hugo Chávez por algunas horas aquel 11 de abril del 2002. Entonces, fueron 19 víctimas fatales y más de 10 heridos, la mayoría con disparos de francotiradores.

 

Luego vino el sabotaje petrolero, que dejó pérdidas materiales por el orden de más de 20 mil millones de dólares y la actividad económica cayó en un 28%.

 

Los años siguientes fueron escenario continuo de protestas insurreccionales, con su secuela de víctimas y vandalismo.

 

En el 2014, Leopoldo López y su partido Voluntad Popular, encabezan una nueva tentativa insurreccional, durante más de dos meses de violencia callejera. La arremetida subversiva, cuyos dirigentes denominaron La Salida, dejó un saldo de 43 muertos y ocasionaron millonarias pérdidas patrimoniales a la nación, calculadas en al menos 10 mil millones de dólares.

 

En 2017, se reedita la escalada: Voluntad Popular y Primero Justicia, a la cabeza de la derecha más reaccionaria, se lanzan de nuevo a las calles con el objetivo de derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Más de 127 muertos, incluyendo la quema de seres humanos y cuantiosas pérdidas millonarias en infraestructura.

 

En esa época, el 81% de los venezolanos rechaza la violencia política como forma de protesta y la elección de una Asamblea Constituyente reestablece la paz y la tranquilidad del país.En la actualidad, el bloqueo total económico y financiero es la apuesta insurreccional de la oposición más radical del país, una acción agresiva emprendida por el Gobierno de Estados Unidos que lesiona los derechos humanos de todos los venezolanos. Las pérdidas económicas del país aumentan día a día, y hasta este momento se calculan en más de 300 mil millones de dólares desde el año 2015.

 

Hace unos días el Gobierno Bolivariano y la Oposición democrática firmaron un acuerdo para la confirmación de una Mesa de Diálogo por la Paz. El acuerdo en cuestión garantiza la venezolanización del diálogo, incluye el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contra la economía venezolana, rechaza la intervención extranjera y reafirma los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo.

 

El éxito de este nuevo Diálogo dependerá de incluir y cumplir. Incluir a otros sectores como los empresarios y cumplir con los acuerdos. Incluir el compromiso de los más importantes factores internacionales y cumplir con un plan de crecimiento económico y bienestar. Incluir una agenda de soluciones y cumplir con resultados tempranos.

 

(Oscar Schémel / Hinterlaces)