A través de una votación con los representante de los Estados miembros, el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución donde reconocen el impacto negativo que generan en la vida de los venezolanos, las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos gobiernos en Latinoamérica aliados a Washington.

 

En la resolución, mostrada en Twitter por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado venezolano ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, se reconoce la voluntad política del Gobierno venezolano de cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las recomendaciones del Examen Periódico Universal.

 

El documento también señala el impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano generado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país.

 

La resolución también reafirma el respeto innegociable a los principios universales de soberanía, integridad territorial, libre autodeterminación de los pueblos, igualdad soberana de los Estados y la no intervención ni interferencia de otros países sobre los asuntos internos de otras naciones tal y como lo establecen distintas normativas internacionales y la diplomacia.

 

«Medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales han agravado la situación humanitaria del pueblo venezolano»

 

En un despacho publicado en el sitio web de la ONU, se explica que la resolución subraya que las «medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales» impuestas a Venezuela “han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano”.

Además, subraya que son los propios venezolanos quienes deben buscar una solución “pacífica, democrática y constitucional” a la situación que atraviesa su país, “sin ninguna injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros”.

 

En este sentido, el texto apoya las iniciativas diplomáticas encaminadas a fomentar las negociaciones y el diálogo político entre el Gobierno y la oposición, como son las gestiones de mediación de Noruega y la labor del Grupo de Contacto Internacional y del Mecanismo de Montevideo.

 

El documento también menciona la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a Venezuela, Michelle Bachelet, y destaca la voluntad política de cooperación del Gobierno venezolano.

 

También acoge con beneplácito los compromisos acordados para mejorar las garantías fundamentales en el país e insta a aplicar las recomendaciones del informe de la Oficina de la Alta Comisionada.

 

De igual forma, se reconoce la decisión venezolana de autorizar gradualmente el suministro de asistencia humanitaria por las agencias de la ONU y de otras organizaciones internacionales, y solicita a los Gobiernos que apoyen el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela y que faciliten su implementación.

 

Asimismo, insta a las autoridades del país a hacer tomar las provisiones necesarias para garantizar que todos los venezolanos disfruten del derecho a la alimentación, el agua y la salud; e insta al Gobierno y a la oposición a seguir avanzando por la senda del “diálogo político genuino” a fin de alcanzar una solución pacífica que permita el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en el país.

 

La votación

 

La resolución fue votada de la siguiente manera: 18 votos a favor, 23 abstenciones y 6 votos en contra.

 

Los países que reconocen el impacto negativo de estas medidas arbitrarias contra Venezuela son: Angola, Burkina Faso, Camerún, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Fiji, Irak, México, Nepal, Pakistán, Filipinas, Qatar, Rwanda, Sudáfrica, Túnez y Uruguay.

 

Se abstuvieron: Afganistán, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bulgaria, Croacia, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, Hungría, Islandia, India, Italia, Japón, Nigeria, Arabia, Saudita, Senegal, Eslovaquia, Somalia, España, Togo, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

 

Los gobiernos que niegan el impacto negativo a la población son: Argentina, Australia, Brasil, Chile, Perú y Ucrania.

 

(LaIguana.TV)