La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, emitió un comunicado al presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, Elías Jaua, donde manifestó su oposición a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
“Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente, ni conveniente, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, reza parte de la carta.
En este orden de ideas, la Fiscal contestó a la invitación para una reunión que se llevaría a cabo el 18 de mayo y en la cual tratarían puntos respectos al llamado a Constituyente.
Ortega apuntó en el documento que «lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, una Constituyente generaría un alto grado de incertidumbre, habida cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría en los ciudadanos ante la eventual pérdida de las conquistas logradas con la Constitución de 1999».
Sostuvo que el proceso de Asamblea Nacional Constituyente efectuado en 1999 es, en su opinión, «inmejorable (…) además de ser el mayor legado del presidente Hugo Chávez”.
A continuación el texto íntegro:
Me dirijo a usted, en la oportunidad de referirme a su comunicado S/N, de fecha 15 de mayo del corriente año, mediante la cual en su condición de Presidente de la Comisión Presidencial para la elaboración de una propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela-, me invita a una reunión que se efectuará el 18 del presente mes y año, a las nueve de la mañana (9:00 am.), en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores y que tendrá por objeto explicar las motivaciones, líneas programáticas y los métodos de elección directa, universal y secretas. Asimismo, me informa que como parte de los objetivos de la actividad esta al recibir aportes; observaciones y recomendaciones.
Al respecto, le pido extienda mi agradecimiento al Presidente de la República por la invitación realizada, sin embargo, es para mí imperativo manifestarle las razones por las cuales he resuelto no participar de la referida actividad.
Tal como señale públicamente hace unos días, en opinión de quien me suscribe, la Constitución de 1999 es inmejorable, además de ser el mayo legado del Presidente Hugo Chávez. Fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente convocada a través de un referéndum consultivo y ratificada mediante referéndum constitucional el 15 de diciembre de 1999. Esta Constitución surgió con el objeto de transformar el sistema político y apuntalar cambios ante lo que en su momento se percibió como el agotamiento del modelo político iniciado en 1958.
Ese proceso constituyente contó con un amplio proceso de consultas y participación de variados sectores de la sociedad, algo inédito en la historia constitucional venezolana, lo que permitió que el proyecto de Constitución que en su momento le presentó para su consideración del presidente Chávez, fuera valorado conjuntamente con una gran cantidad de propuestas analizadas y debatidas por las veinte comisiones temáticas en que distribuyo su trabajo la Asamblea Nacional Constituyente. Casi todas las organizaciones políticas, sociales y económicas del país hicieron valer sus puntos de vistas a la Asamblea Nacional Constituyente.
Producto de ellos fue la aprobación mediante referéndum, del texto constitucional que constituye una de los más adelantados del mundo en diversas materias, entre otras, en derechos humanos, democracia y participación popular, asegurando entre otros el derecho a la vida, al trabajo, la cultura, la educación, la justicia social y la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna.
Así las cosas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 347 de nuestra Constitución, el propósito de una Asamblea Nacional Constituyente es “…transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. En este sentido, en opinión de quien suscribe, para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente, ni conveniente, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución.
Lo expuesto, en lugar de propiciar equilibrios o generar un clima de paz, estimo que aceleraría la crisis, visto además de el carácter sectorial o corporativo –de representación indirecta- que asoma el Decreto dictado por el Ejecutivo y que funge de líneas matrices para la elaboración de las bases comiciales del proceso de convocatoria
Debo reiterarle por tanto mi opinión, en cuanto a que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre, había cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría en los ciudadanos ante la eventual pérdida de las conquistas logradas con la Constitución de 1999, aunado al tiempo y recursos humanos que exigiría convocar de nuevo el Poder Constituyente.
En atención a las consideraciones realizadas, y con la convicción de su receptividad a los planteamientos formulados, quedo a su disposición para coadyuvar en la búsqueda de mecanismo que nos permitan garantizar los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, en una patria libre, soberana e independiente, donde priven la libertad, la igualdad y la paz.
Sin más a que hacer referencia, me despido de usted, no sin antes reiterarle la voluntad de quien suscribe de contribuir a la consolidación de nuestro Estado Social, Democrático, de Derecho y de Justicia
Atentamente:
Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
(LaIguana.TV)
