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Para el alcalde del municipio Baruta, estado Miranda, Gerardo Blyde, el Gobierno Bolivariano, a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), habría ordenado -supuestamente- una ejecución política en contra de ocho alcaldes opositores pertenecientes a los estados Mérida y Miranda, en donde se han registrado con mayor fuerza las acciones terroristas de la derecha con el beneplácito de las autoridades municipales.

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (humanos TSJ) declaró con lugar un amparo contra los alcaldes de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, por el estado Miranda, y de Libertador, Alberto Adriani y Campo Elías, por Mérida, que les exige evitar la colocación de barricadas y garantizar la movilidad, la paz, el resguardo y el libre tránsito de los ciudadanos en sus respectivas jurisdicciones.

 

Blyde, en conjunto con los otros mandatarios municipales, señaló: “Desde sus muy cómodas poltronas de la Sala Constitucional, usarán sus bolígrafos para ordenar nuestra detención y encarcelamiento, tienen el poder de facto para hacerlo y pasarán por la soberanía popular de ser necesario”.

 

Al parecer, con estas declaraciones el burgomaestre mirandino se opone a garantizar la paz y el resguardo de la comunidad baruteña, escudándose en un débil y repetitivo argumento de estar siendo amedrentado por el Gobierno y las instituciones del Estado que, más bien, velan por la integridad y los derechos de todos los venezolanos.

 

(LaIguana.TV)