En el 2014 la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ordenó la captura de los ciudadanos Pedro Burelli, Ricardo Koesling y Diego Arria, por estar presuntamente implicados en un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y de funcionarios vinculados con el Gobierno.
En ese momento Ortega Díaz afirmó que en el país se estaba realizando planes políticos violentos por parte de grupos desestabilizadores adeptos a la oposición venezolana que estaban actuando al margen de la ley para generar caos y zozobra en la nación.
En ese sentido aseguró que el Ministerio Público decidió adoptar un conjunto de medidas para ponerle un freno a esa situación y no esperar que ocurrieran los hechos.
“Lo realmente relevante de estos hechos denunciados, de esta investigación que viene adelantando el Ministerio Público, es que se ha logrado detener los planes desestabilizadores. Eso es lo más importante la actuación del Ministerio Público, la actuación de los órganos de inteligencia del Estado”, enfatizó.
Asimismo manifestó: “Yo tengo un compromiso desde el cargo que ocupo de hacer una investigación seria y que revele realmente las intenciones de estas personas que han venido actuando al margen de la ley y que pudiesen estar incursos en delitos como traición a la patria, instigación a delinquir, instigación pública y conspiración contra el Gobierno legítimamente constituido”.
Es importante destacar que en ese momento el Ministerio Público citó también a Gabriela Arellano y María Corina Machado a comparecer ante la justicia por su vinculación con los planes violentos en el país.
Sin duda alguna estas declaraciones de la fiscal se contraponen a las realizadas en días recientes, donde fijó una postura que denota dudas referentes a un hecho especifico y en contra de la actuación de los organismos de seguridad del Estado durante las protestas ocurridas en el país desde hace aproximadamente dos meses, y en el que han fallecido más de 50 personas como consecuencia de la violencia opositora en las calles.
Tanto en el 2014, cuando la derecha venezolana puso en marcha un plan desestabilizador, como el que actualmente lleva a cabo la dirigencia opositora forman parte de un mismo guion para derrocar al Gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo la diferencia podría estar en la actuación de las instituciones y la postura que asuman sus funcionarios en aras de preservar institucionalidad, la paz y la estabilidad del país.
(LaIguana.TV)
