El gobierno de Estados Unidos se ha afianzado como el sitio de amparo para los exgobernantes latinoamericanos desertores de la Justicia de sus países y hacer gala de una falta de conexión en este terreno con sus vecinos mundiales.
Cuatro son los expresidentes latinos que residen en territorio estadounidense, contra los que pesan solicitudes de extradición: Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia; Jamil Mahuad, de Ecuador; Ricardo Martinelli, de Panamá; y Alejandro Toledo, de Perú.
Sánchez de Lozada y Mahuad, llevan amparados en Estados Unidos 14 y 17 años respectivamente, y sus más recientes huéspedes Martinelli y Toledo, gozan de una hospitalidad que para nada se compara con los millones de latinos que ambicionan con vivir el “sueño americano”.
Es tan múltiple la lista de importantes personajes trasladados desde países latinoamericanos al imperio estadounidense, como insólita su demora en responder sobre los procedimientos de extradición, pues Washington en supuesto decoro a la autonomía de su poder judicial, señala que es quien goza de la autoridad para acceder o no a dichas solicitudes.
Hagamos entonces un recuento sobre los cargos que pesan sobre cada uno de estos exmandatarios latinoamericanos:
Sánchez de Lozada: Fue juzgado en ausencia y condenado en su país por el delito de genocidio a causa de la muerte de casi un centenar de personas por la represión militar contra una serie de protestas callejeras en Bolivia durante su segundo mandato presidencial (2002 a 2003). También está acusado por la firma de contratos presuntamente ilegales con multinacionales petroleras en el ejercicio de sus funciones presidenciales.
Mahuad: Presidente de Ecuador de 1998 a 2000, vio su mandato presidencial entorpecido por un golpe de Estado. Pocos meses después de su derrocamiento, cuando ya se encontraba en EE.UU., la Corte Suprema de Justicia de su país ordenó su detención, acusado de haber ordenado como presidente de la República la incautación de todos los depósitos bancarios.
Fue juzgado y condenado en su ausencia a una pena a 12 años de cárcel, condena que ya habría cumplido de no ser porque desde entonces vive en Estados Unidos.
Martinelli: Gobernó Panamá de 2009 a 2014, su mandato fue uno de los más escandalosos e inescrupuloso debido a la fuerte corrupción en diversos casos de los que él, sus familiares directos, colaboradores y socios cercanos son presuntamente responsables.
Toledo: ha proclamado su condición de «perseguido político» y ha justificado su presencia en Estados Unidos por unas supuestas obligaciones académicas en la universidad de Stanford, a la que, en realidad, paga él como «investigador visitante» para escribir un libro.
(LaIguana.TV)
