La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, rompió el silencio sobre la persecución, masacres y asesinatos que sufren los bolivianos luego de la autoproclamación de Jeanine Áñez como «presidenta interina» y el golpe de Estado contra el presidente constitucional, Evo Morales, que produjo una dictadura de facto de corte militar y ultrareligiosa.

 

Según Bachelet, quien ha tenido una posición sumamente parca con relación a la brutal represión originada en países como Chile, Ecuador, Haití y Bolivia, aseguró que las recientes muertes en el país andino «parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar».

 

Los ciudadanos bolivianos han denunciado que la dictadura de Áñez ha desatado una persecución política contra líderes sociales e indígenas con base en un discurso lleno de odio, racismo y fundamentalismo religioso en el que intentan justificar los asesinatos por el «orden de Dios».

 

Según Bachelet actualmente Bolivia “está dividida” y le «preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente».

 

El sábado pasado la dictadura boliviana publicó  el «decreto supremo número 4.078″ donde da permiso a los militares de reprimir las manifestaciones a toda costa pues «estarán exentos de responsabilidad penal» y podrán usar «todos sus medios disponibles» para controlar las protestas contra el régimen de facto.

 

«El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal», dice el artículo tres del mencionado decreto.

 

Bachelet reconoce a la dictadura de Bolivia como «autoridades»

 

Por su parte Bachelet, quien reconoce como «autoridades» a la dictadura que usurpa el poder en Bolivia, pide a las fuerzas de seguridad que cumplan las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, además de asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas involucradas en la protesta.

 

“En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”, dijo Bachelet.

Según lo expresado en el comunicado, más de 600 personas han sido detenidas en Bolivia desde el 21 de octubre. Solo en Cochabamba, tras los enfrentamientos del 15 de noviembre, más de 120 personas fueron detenidas. Áñez y la cúpula militar que administran la dictadura no han reaccionado oficialmente al comunicado de Bachelet.

 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció como «grave» el decreto de Áñez que autoriza a los militares a controlar el orden público a la vez que les exime de responsabilidades penales.

«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta», señaló el organismo sobre el mencionado decreto que fue aprobado el jueves pasado y divulgado extraoficialmente el sábado.

 

(LaIguana.TV)