Diversos actores sociales colombianos denunciaron este martes la realización de allanamientos policiales sin el debido proceso judicial en varias localidades del país, a menos de dos días de que se realice el paro nacional convocado para el 21 de noviembre.

 

«Buscan cualquier nexo con organizaciones y están incautando material probatorio: pañoletas, carteles, pinturas, revisaron celulares y anotaron números de celular», expuso el Movimiento de Víctimas de Estado (Movice).

 

Las redes sociales se han hecho eco de la persecución a defensores de derechos humanos, estudiantes, miembros de colectivos feministas e  integrantes de organizaciones sociales políticas y sindicales, cuyas residencias y sedes de grupos han sido intervenidos.

 

Asimismo, colectivos artísticos aseguraron que las fuerzas del orden requisaron computadoras, pinturas, pinceles y otros materiales para la realización de la marcha. Sin embargo, el principal miedo no radica en lo que toman, sino lo que pueden colocar.

 

“El temor de los allanamientos es que agreguen material probatorio que pueda llevar a generar falsos positivos judiciales con las personas a los implicados a los que también se les han quitado sus objetos personales”, alertó el grupo Humanidad Vigente, en su cuenta de Twitter.

 

Toque de queda

 

Las alarmas sobre otras acciones de represión a la marcha se encendieron cuando el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y el Ministerio del Interior anunciaron, este lunes, que el Gobierno colombiano alista un decreto que establece medidas de seguridad a propósito del paro.

 

La titular de Interior del país suramericano, Nancy Patricia Gutiérrez, detalló que el documento otorgará potestad a alcaldes y gobernadores para aplicar toque de queda si la situación de su región lo requiere, aclarando que no habrá toque de queda general.

 

A pesar de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, prometió que la Fuerza Pública garantizará el derecho a la protesta pacífica, el decreto, que aún no ha sido firmado ni publicado, establece otras disposiciones, como que cada alcalde podrá decidir si restringe la venta de alcohol, la suspensión del porte de armas y el cierre de fronteras el 21 de noviembre, durante todo el día.

 

El paro nacional del próximo jueves es un llamado de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales de Colombia, por la paz y contra las políticas impulsadas por el Ejecutivo de Iván Duque.

 

Entre los reclamos de los convocantes se encuentran que la administración de Duque y los gremios anunciaron la necesidad de reformas laborales y pensionales, que empeorarán las condiciones de los trabajadores.

 

También, los recortes en los gastos del Estado para atender las necesidades de educación y salud; el aumento de los impuestos; los tratados de libre comercio y el cumplimiento de los acuerdos de paz; igualmente, abogaron por el cese de los asesinatos y la persecución a los líderes sociales.

 

(teleSUR)