Este jueves, 21 de noviembre, la Fiscalía de España manifestó el apoyo a la extradición a Estados Unidos del exviceministro del Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, quien es investigado en Texas por lavado y sobornos de PDVSA.
Al respecto, Alvarado Ochoa denunció ser objeto de una persecución política.
El acta de arresto contra Alvarado Ochoa reza que fue presidente de Bariven, filial de compras de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y en 2011 “se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel” de la corporación para pedir sobornos a proveedores de la petrolera, algunos con sede en Estados Unidos, según una fuente de un medio privado.
Una vez fuera de Bariven en 2013, viajó a España y cuenta con la nacionalidad de dicho país europeo desde 2017. Sin embargo, la Fiscalía denunció que fue obtenida de forma “fraudulenta para intentar eludir la acción de la Justicia” de Venezuela puesto que España no extradita a sus ciudadanos a Venezuela.
Entre otras cosas, el exviceministro, valiéndose de su nueva nacionalidad invirtió el orden de sus apellidos. Ante esta acción, la Fiscalía catalogó el hecho como un intento de entorpecer las investigaciones. Alvarado Ochoa argumentó que se trató de un “regalo” en honor a su madre, de 93 años.
Asimismo, Alvarado Ochoa afirmó que desconocía el proceso abierto en su contra en Estados Unidos hasta que fue detenido en el mes de mayo en Madrid tras petición de autoridades norteamericanas.
Por otro lado, es investigado en España junto a otros antiguos directivos de PDVSA y por lo tanto ha permanecido cuatro meses en prisión provisional.
De acuerdo con su versión, desde 2010 mantiene contactos con un alto funcionario del Departamento de Estado de EEUU y en marzo pasado fue invitado por el mismo a una reunión en la Embajada estadounidense en Berlín. Se negó y poco después se ordenó su detención.
“Quieren mi información, quieren mis expedientes”, indicó Alvarado Ochoa, cuyo abogado insistió en que EEUU lo reclama “no por cuestiones penales, sino por información, pura y simplemente”.
Sin embargo, la Fiscalía de España sostuvo que se trata de un “delito común”: sobornos, organización criminal y blanqueo.
También resaltó que la causa en los tribunales españoles está basada en el blanqueo de los presuntos sobornos obtenidos por un entramado societario radicado en Texas entre 2011 y 2013.
La investigación se inició antes en EEUU y aquel país está “mejor posicionado” para enjuiciar los hechos, según la Fiscalía, sin perjuicio de que la entrega pueda ser temporal o aplazarse hasta que se diriman sus responsabilidades en España.
(LaIguana.TV)
