«La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas» en la ciudadanía, es parte de la conclusión a la que llegó la organización. Constataron que cinco personas fallecieron a manos de agentes del Estado y que ha habido más de 2.300 heridos y 220 con trauma ocular severo a consecuencia de recibir impactos de perdigones. A esto se suma que la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes de seguridad.
«La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes», detalla parte del informe.
En este sentido, la investigadora española Pilar San Martín, quien hizo parte del equipo, exigió que los altos mandos involucrados en estos hechos deben ser juzgados por la serie de violaciones a los derechos humanos de la que fueron partícipes.
El trabajo de investigación realizado por Amnistía Internacional está sustentado en el recorrido en las ciudades donde se han desarrollado las manifestaciones. Además, han estado presente velando por los derechos humanos de los manifestantes y haciendo un seguimiento desde el 19 de octubre y hasta el 11 de noviembre, tiempo en el cual se basa el estudio.
Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, indicó que «en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día».
Asimismo, la investigación indica que la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. “Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, sentencia el estudio.
Amnistía Internacional documentó 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.
La organización revisó y validó más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que evidenciaban el uso innecesario y excesivo de la fuerza.
(LaIguana.TV)
