Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que este 25 y 26 de septiembre fueron asesinados tres líderes sociales en el departamento del Cauca. La ausencia del Gobierno de Iván Duque cobró la vida del líder indígena Marlon Ferney Pacho, el líder campesino Jairo Javier Ruiz Fernández, y el excombatiente y líder Carlos Celimo Iter Conde.
El día 26 de septiembre, el Consejo Nacional Indígena del Cauca –CRIC- denunció el asesinato de Marlon Ferney Pacho de 24 años de edad, reconocido por su gran liderazgo y también por cumplir la función como secretario del cabildo en el resguardo de Tálaga del municipio de Páez. Los atroces hechos fueron perpetrados por cuatro hombres armados que llegaron hasta la casa del líder, y le propinaron varios disparos.
El CRIC expresó que «la muerte y la desarmonía territorial siguen rondando en el territorio de Tierradentro, lo que tiene consternada y a la vez en máxima alerta a las autoridades indígenas de esta región caucana».
El caso del líder campesino Jairo Javier Ruiz Fernández sucedió en la noche del mismo día. El líder era reconocido por ser uno de los fundadores de la Asociación Campesina de Trabajadores de Balboa –ASCATBAL-, y también por ser integrante de varias organizaciones sociales como, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO-, y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC-. El líder campesino fue asesinado en la vía que conduce al corregimiento de El Estrecho, lugar donde hombres armados acabaron con su vida.
Carlos Celimo Iter Conde, excombatiente de las FARC, llevaba adelante su proceso de reincorporación en zona rural del municipio de Caloto, y era presidente de la junta directiva de la Cooperativa Multiactiva de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado del Común -COOMEC-. Fue asesinado por hombres armados el pasado 25 de septiembre en la zona de Juntas, cerca al resguardo indígena de Huellas.
Organizaciones sociales afirmaron que Carlos Celimo Iter Conde, hace más de un año, había solicitado una ruta de protección individual a la Unidad Nacional de Protección -UNP-, y que estaba incluido en una solicitud de esquema colectivo de protección.
Desde el 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, hasta junio de este año, han asesinado 139 exguerrilleros que estaban en procesos de reincorporación. Asimismo, la ausencia del Gobierno de Iván Duque y la falta de garantías han incrementado notablemente los crímenes hacia líderes sociales y ha llenado de luto a las comunidades del departamento del Cauca. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, en más del 80% de los casos de asesinatos presentados en Colombia, no se ha judicializado a los autores que han cometido las masacres.
(Colombia Informa)
