La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó este viernes al presidente Nicolás Maduro por, supuestamente, haber limitado los poderes de la Fiscal General, luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera la solicitud de antejuicio de mérito, introducida por el diputado Pedro Carreño, en contra de la titular del Ministerio Público.
Según el portavoz de dicha instancia, Rupert Colville, «la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del 28 de junio de iniciar el proceso de destitución contra la Fiscal General, congelar sus bienes y prohibir su salida del país es profundamente preocupante, al igual que la violencia en el país».
Basado en informes amañados y alejado de toda investigación rigurosa sobre los hechos acontecidos en el país, Colville esgrimió que «cada vez hay más reportes de que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo redadas en edificios residenciales, han realizado allanamientos sin órdenes y detenido a personas, con la intención de disuadir a la gente de participar en las manifestaciones y buscando a los partidarios de la oposición».
Dichas declaraciones se inscriben en la conjura internacional que busca presionar a los países de la región a que se pronuncien en contra del Gobierno Bolivariano y propiciar caminos expeditos para una pretendida intervención extranjera.
Vale agregar que Estados Unidos y España (naciones que lideran la andanada injerencista) acordaron este jueves «evaluar opciones» para seguir aumentando la presión en procura de producir en Venezuela un cambio político de facto.
(LaIguana.TV)
