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Opositores intentan que sus escándalos de corrupción embarren tanto a adversarios internos como al gobierno
Diciembre 2, 2019 -

Los escándalos de corrupción han desatado la guerra interna en la de por sí maltrecha oposición venezolana, cuando falta poco más de un mes para que la Asamblea Nacional (a pesar de estar en desacato) elija a su presidente para el último año del período de cinco.

 

Esto tiene particular importancia porque se trata de un cargo que, de acuerdo con el tinglado jurídico que se montó en enero, debería ir acompañado de la condición de “presidente encargado de la República”.

 

En apenas unas horas se ha desarrollado una pelea intestina entre facciones opositoras en las que el factor común son las acusaciones de irregularidades en contra del patrimonio público y la intención de unos y otros de asumir el rol de jueces, cuando en realidad son también presuntos implicados.

 

Calderón versus Guaidó

 

Los hechos denunciados dejan en evidencia prácticamente a todos los subgrupos opositores como participantes en el festín de la riqueza fácil e irregularmente obtenida.

 

La destitución del representante de Juan Guaidó en Bogotá (embajador, según la nomenclatura  que usan el gobierno paralelo, sus aliados internacionales y los medios de la derecha) produjo la reacción del veterano dirigente copeyano. Su explosiva rueda de prensa ratificó lo que ya voceros del gobierno y medios como La Tabla habían denunciado: el saqueo descarado de la empresa petroquímica Monómeros y de los fondos de la ayuda humanitaria correspondiente al llamado “Cucutazo”.

 

También confirmó lo que habían dicho al respecto figuras mediáticas opositoras, incluyendo periodistas e influencers y el obispo Mario Moronta.

 

Los señalamientos tocan directamente a Guaidó, a su jefe político, Leopoldo López, y a la camarilla que controla la estructura del interinato, en complicidad con el gobierno de Estados Unidos y los del grupo de Lima, en particular el de Colombia.

 

Con su denuncia, Calderón Berti golpeó a algunos de los que han sido sus rivales en el enclave de Colombia, en particular a los que participaron en los bochornosos sucesos de Cúcuta. Al mismo tiempo pretendió salirse del vaporón fétido que despide el caso Monómeros, pero en ese punto no la tiene fácil porque existen indicios muy firmes de que ese era un “negocio” en el que él, como experto petrolero, tuvo mucha responsabilidad, por acción o por omisión.

 

A Calderón Berti se le criticó acremente en las redes y medios porque los hechos en los que sustenta sus denuncias ocurrieron hace bastante tiempo, pero solo los hizo públicos luego de ser destituido: una conducta clásica de los corruptos de la Cuarta y de la Quinta República.

 

La denuncia paralela

 

En paralelo (¿por casualidad?) salió a la luz una investigación periodística que vincula a diputados de la Asamblea Nacional (de varios partidos) con supuestas irregularidades relacionadas con las importaciones para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Ese otro bloque de denuncias le permitió a Guaidó presentarse como promotor de una investigación estricta y a los dos partidos principales de la camarilla (Voluntad  Popular y Primero Justicia) como adalides de la lucha contra la corrupción, al aplicar tempranas sanciones contra algunos de los parlamentarios señalados.

 

En realidad, se trata de una estrategia de control de daños que tiene dos componentes: por un lado, tratar de atacar al adversario interno y, al mismo tiempo, desviar la atención hacia el gobierno, para hacer ver que es el promotor de todas las actividades delictivas de esta naturaleza.

 

En rigor, antes que asumir el rol de fiscal, juez o verdugo, Guaidó tendría que responder por los hechos en los que él mismo aparece señalado (entre ellos no solo Monómeros, sino también Citgo y PDVSA 2020) y por la responsabilidad que le corresponde por no prestar atención a las denuncias que, según Calderón, le fueron planteadas oportunamente.

 

La pérdida del discurso anticorrupción

 

El pantanal en el que se encuentran chapoteando los diferentes grupos opositores significa la pérdida de uno de sus principales discursos frente al gobierno bolivariano: la lucha contra la corrupción.

 

Esta pérdida afecta a su propio público y a algunos campos neutrales, pues en el chavismo ha estado claro siempre que se trata de una clase política fundamentalmente guiada por los intereses económicos y el afán de enriquecimiento personal.

 

Entre opositores y ni-ni, este descalabro es grave, pues el discurso de asco a la corrupción pierde casi todo su sentido. Se instaura la convicción de que la oposición es igual o peor, en ese aspecto, que el chavismo.

 

Muchos militantes de la base opositora se sienten particularmente ofendidos porque ellos han realizado esfuerzos personales para ayudar a una causa que ahora se revela fraudulenta. También les indigna mucho estar obligados a reconocer que algunos voceros del gobierno tenían razón cuando decían que Guaidó y su camarilla de “embajadores” y comisionados se estaban llenando los bolsillos, mientras la gente antichavista común sufría las penurias derivadas de las sanciones y el bloqueo económico gestionados por esos dirigentes.

 

El tiro indirecto contra los CLAP

 

La contraofensiva de la camarilla a las acusaciones de Calderón Berti tiene un objetivo lateral: atacar nuevamente al programa social más exitoso de los últimos tiempos, la entrega directa de alimentos a la población a través de los CLAP.

 

Varios factores políticos y mediáticos han estado consagrados a ese esfuerzo desde que se inició el plan, en respuesta a la guerra económica y a los primeros estragos generados por las medidas coercitivas unilaterales.

 

Es un empeño estratégico para la oposición porque el CLAP, con todas las críticas que pueda merecer, ha amortiguado el terrible daño que el gobierno de EEUU y la dirigencia opositora planearon contra la población venezolana con la finalidad de provocar estallidos sociales, un propósito que abiertamente han reconocido los principales voceros de Washington en diversas oportunidades.

 

Con sus medidas coercitivas, EEUU ha tratado de impedir que el gobierno importe los productos, ha chantajeado a los posibles proveedores en numerosos países y ha perseguido a cualquier empresa o particular que participe en el programa. En ese contexto, las denuncias de corrupción que han surgido son presentadas como una razón para torpedear el programa y lograr, eventualmente, que se suspenda.

 

Con la mira en el 5 de enero

 

Para Guaidó es fundamental salir más o menos bien librado de estos episodios, pues el 5 de enero la AN debe votar para elegir su directiva y él aspira a ser reelecto, y así mantener el rol que ha ostentado este año, de “presidente encargado”.

 

Dado el peso estructural que tiene el componente económico en la conducta política de los diversos factores opositores, es de presumir que hay una sutil división entre los que fueron favorecidos con grandes prebendas y los que recibieron poco o nada. 

 

En esa perversa correlación de fuerzas habrá que incluir otra variable: los que van a salir impunes y los que quedarán como chivos expiatorios. Todo eso influirá en la decisión del 5 de enero. Cualquier parecido con una organización mafiosa es coincidencia.

 

(Clodovaldo Hernández/LaIguana.TV)