La revista estadounidense Stratfor, especialista en asuntos de seguridad nacional e inteligencia, develaba en su edición del 24 de mayo de este año los planes de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, con relación a las imputaciones que inició recientemente el Ministerio Público contra altos funcionarios militares.
“Mientras tanto, es posible que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, también trata de impedir que el gobierno de Venezuela avance en la Asamblea Constituyente. Ortega, un exaliado del gobierno de Maduro, ha criticado abiertamente al gobierno desde marzo por su maltrato a los manifestantes y su disolución del Congreso. De hecho, de acuerdo con varias fuentes de Stratfor, Ortega se prepara para investigar a los funcionarios militares venezolanos de alto rango por presuntos abusos contra los derechos humanos”, publicó la revista en un artículo titulado: Venezuela: How Setting an Election Date Could Delay the Vote (Venezuela: ¿Cómo la definición de una fecha electoral podría retrasar la votación).
En esta misma dirección, organismos internacionales como Human Rights Watch, una cuestionada y conservadora ONG que es financiada por empresa trasnacionales y la cual ha justificado ataques de la derecha contra gobiernos progresistas de América Latina, está presionando para que se levanten cargos contra altos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En un texto publicado en su página web de fecha 15 de junio y titulado «Venezuela: Responsabilidad de los altos mandos en los abusos» elogia los “esfuerzos” realizados por a fiscal Luisa Ortega Díaz y señala lo siguiente:
“Entre los altos funcionarios a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en abusos generalizados y del juzgamiento de civiles en la justicia militar, se encuentran el mayor general Benavides Torres, a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); el general en jefe Padrino López, ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional; el mayor general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y la capitana Siria Venero de Guerrero, Fiscal General Militar”.
De acuerdo con estas informaciones las acciones emprendidas por la máxima representante del Ministerio Público contra los mayores generales, Benavides Torres y Gustavo González López, a cargo de la GNB y del Sebin, respectivamente, se vienen cocinando desde hace meses y están alineadas al discurso internacional de posicionar la matriz de opinión de que en Venezuela existe una violación sistematizada de los Derechos Humanos.
(LaIguana.TV)
