La poderosa organización social y vecinal de El Alto, situada a cinco kilómetros de La Paz, en Bolivia y clave en la caída del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y determinante en la transformación que ha vivido esta nación desde la llegada de Evo Morales al poder, le exigió a las autoridades de la Universidad Pública El Alto (Upea) que se pronuncien en contra del golpe de Estado que está en pleno desarrollo en este país.

 

Asimismo, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) ha anunciado la conformación de comités de autodefensa, bloqueo, movilizaciones permanentes y contundentes contra las pretensiones de la derecha de asumir el poder en Bolivia. También exhortaron a los cuerpos de seguridad a defender a la población más vulnerable. Se declararon en “cuartel general en defensa de la democracia”.

 

Por otra parte, le dieron un plazo de 48 horas a los propulsores de la violencia para que abandonaran el departamento de La Paz “por incitar la división y convulsión entre los bolivianos”.

 

Como gestor principal de la violencia, señalaron al multimillonario Luis Fernando Camacho, un abogado de la región de Santa Cruz, capital de la oligarquía boliviana, militante de la ultraderechista y supremacista blanca Unión Juvenil Cruceñista, calificada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) de ser una agrupación paramilitar.

 

(LaIguana.TV)