El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció que solicitó autorización para tomar declaraciones en México al depuesto presidente Evo Morales, en un proceso por terrorismo y sedición abierto paralelamente a una demanda del Gobierno de facto.
«Solicitamos inicialmente a la Cancillería [boliviana] poner en conocimiento de la República de México el inicio de esta investigación para que a través de las autoridades mexicanas nos autoricen que podamos tomar las declaraciones del señor Evo Morales», informó Lanchipa en conferencia de prensa.
El fiscal general agregó que «en este caso la apertura de oficio del caso es por terrorismo y sedición», con base en un vídeo en el que supuestamente Morales da instrucciones para un cerco a las ciudades, acusación y prueba coincidentes con otra demanda presentada este mismo 22 de noviembre por el Gobierno de Jeanine Áñez ante la fiscalía de La Paz.
Lanchipa rehusó anticipar si ambos procesos, e inclusive un tercero planteado contra Morales por el diputado Rafael Quispe, podrían resultar fusionados.
El fiscal, una de las últimas autoridades judiciales designadas por Morales, dijo que el proceso por vía ordinaria contra el líder indígena tiene «la máxima prioridad» y se desarrollará en La Paz, como corresponde a casos de sedición que afectan a la seguridad nacional.
Lanchipa informó que ya se han iniciado los exámenes para determinar la autenticidad del vídeo que incriminaría a Morales, para lo cual la Fiscalía boliviana ha solicitado la cooperación del servicio argentino de antropología forense, que podría emitir un informe en una semana.
Morales podría ser acusado además de uso indebido de bienes del Estado si se comprueba que el teléfono celular con el cual hizo la supuesta llamada desde México, donde se encuentra asilado, es de propiedad estatal boliviana, añadió el fiscal.
El exmandatario boliviano dijo, en entrevista esta semana con Sputnik, que el vídeo era una «mentira» y «un montaje más» del Gobierno de facto.
A diferencia de la demanda del Gobierno de facto, el proceso abierto de oficio por la Fiscalía no incluye al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
Lanchipa dejó abierta la posibilidad de ampliar el caso a otras personas, según el avance de las investigaciones.
(Sputnik)
