El gobierno de facto de Bolivia, encabezada por la autoproclamada «presidenta interina», Jeanine Áñez, derogó este jueves el decreto Nº 4078, que eximía de toda «responsabilidad penal» a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), en medio de las fuertes protestas y manifestaciones, que ha dejado un saldo de 34 muertos y 832 heridos.
De acuerdo con una nota del portal ruso Actualidad RT, la derogación de este decreto es debido a que – según Áñez– «hemos logrado la ansiada pacificación» en la nación suramericana.
No obstante, la autoproclamada aseguró que este decreto fue «constitucional» y argumentó que el Gobierno puede recurrir a estos decretos «cuando la seguridad del Estado o de la ciudadanía se sienta amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos».
La derogación se da dos semanas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como presidentes y jefes de Estado manifestaran su preocupación por la emisión del decreto.
La CIDH enfatizó que con la promulgación de este texto el Gobierno de facto de Bolivia desconocía «los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta.
Desde la renuncia el pasado 10 de noviembre del líder indígena Evo Morales –quien se encuentra en México bajo la figura de asilado político tras el golpe de Estado consumado en su contra– la nación suramericana se encuentra sumergida en una crisis política y social, que ha desembocado en fuertes manifestaciones en apoyo a Morales y exigiendo la renuncia del Gobierno de facto.
(AVN)
