Durante el siglo XX, los avances de las fuerzas progresistas y de izquierda en América Latina fueron enfrentados por las oligarquías conservadoras mediante sangrientas y opresivas dictaduras militares que no sólo asesinaron a miles de dirigentes de izquierda, también implantaron modelos económicos neoliberales que acentuaron la desigualdad, la exclusión social y la pobreza en el continente, pero sobre todo instalaron en nuestras sociedades la desesperanza y el miedo.
 
 
Durante esa época, los gobiernos progresistas de Salvador Allende en Chile, Joao Goulart en Brasil, el Peronismo en Argentina, por nombrar sólo algunos, fueron derrocados por cruentos regímenes fascistas. Igualmente, los movimientos revolucionarios en Suramérica y Centroamérica fueron reprimidos de manera despiadada por las dictaduras militares.
 
 
Con la llegada del siglo XXI, arribaron nuevamente los gobiernos progresistas y revolucionarios en la región. Venezuela con Chávez, Brasil con Lula, Argentina con Kirchner, Ecuador con Correa, Uruguay con Tabaré Vásquez y Pepe Mujica, Honduras con Zelaya, Nicaragua con Ortega, Bolivia con Evo Morales, México con López Obrador. Y otros más.
 
 
Estos gobiernos progresistas impulsaron acertadas políticas sociales y económicas que beneficiaron a las mayorías, se redistribuyó con justicia la riqueza, se redujeron las brechas sociales, salieron de la pobreza millones de excluidos, se democratizaron los servicios de salud y educación, en el marco de un crecimiento económico sostenido.
 
 
En paralelo, volvió la esperanza y se acabó el miedo, creció significativamente la organización y la movilización social, se acentúo la ideologización y la politización de la sociedad, los pobres alcanzaron visibilidad y respeto, cambió la correlación de fuerzas cultural y simbólica a favor de las fuerzas progresistas.
 
 
Durante esos años, las fuerzas conservadoras se mantuvieron a la ofensiva y la contraofensiva, impulsando golpes militares, paros petroleros, golpes judiciales, parlamentarios y mediáticos, bloqueo económico y financiero, aislamiento diplomático.
 
 
Es decir, mantuvieron la misma estrategia de épocas anteriores: el derrocamiento de los gobiernos progresistas y su desplazamiento violento y caótico del poder, para luego reestablecer el fracasado modelo neoliberal, la represión y la persecución judicial y policial, empleando las más modernas herramientas de las Guerras de Cuarta Generación.
 
 
En vez de disputarle a la izquierda las conciencias y los corazones de las mayorías, disminuir la injusticia social que amenaza su dirección sobre la sociedad, renovar sus proyectos sociales y políticos, las derechas del continente decidieron reciclar la violencia del pasado y caotizar a las sociedades, ignorando la elevada madurez social y política alcanzada por las mayorías.
 
 
Su ofensiva restauradora se basó principalmente en la desestabilización, el hostigamiento y el saboteo permanente, aprovechando en cada momento los errores, debilidades y sobre todo la dificultad para estructurar hegemonías y fortalecer los necesarios valores por parte del progresismo y de la izquierda. Es la hegemonía lo que consolida en el tiempo el proceso de cambios profundos.
 
 
Lo que es cierto es que las oligarquías de la región parecen no estar dispuestas a sacrificar sus privilegios ni a permitir la reformas necesarias que permitan la inclusión económica y social de las mayorías. 
 
 
La breve etapa de gobiernos neoliberales en la región profundizó la polarización social estructural que sufren nuestros países latinoamericanos y crearon las condiciones para el inicio de un nuevo ciclo progresista en la región, ahora con un poderoso protagonismo de los movimientos sociales.
 
 
Para el progresismo y para la izquierda revolucionaria, es urgente la actualización de su diagnóstico sobre las nuevas realidades, la renovación de su oferta y su discurso, atender estratégicamente la construcción de hegemonía y repensar el modelo democrático alternativo.

 

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