La Fiscalía de Arabia Saudita ha anunciado este lunes que cinco personas han sido sentenciadas a muerte y otras tres a un total de 24 años en prisión por el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado del país en Estambul en octubre del año pasado.
También se ha dado a conocer que Saúd al Qahtani, exasesor de la corte real saudita, investigado en el marco de las pesquisas, fue liberado finalmente sin cargos en su contra.
Khashoggi, residenciado en EE.UU. y columnista del periódico The Washington Post, entró en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre de 2018 para obtener un documento que certificaría su divorcio, con el fin de casarse en Turquía con su novia. La novia esperó por él afuera durante 11 horas, pero nunca salió.
El 12 de octubre The Washington Post afirmó, citando a funcionarios anónimos, que las autoridades de Turquía cuentan con evidencias de sonido y video de que Khashoggi fue detenido, asesinado y desmembrado en el consulado saudí en Estambul.
El periodista saudí era conocido por su postura contraria al Gobierno de su país, del cual huyó en 2017 por, según afirmó entonces, temor a represalias. Se destacaba como un gran crítico del príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán y del rey Salmán bin Abdulaziz.
A finales de septiembre, Mohamed bin Salmán asumió «toda la responsabilidad» por el asesinato de Khashoggi, reconociendo que su muerte tuvo lugar estando él al cargo, pero subrayó que no conocía el plan, ya que no puede controlar todas las actividades de sus tres millones de funcionarios.
Respecto al hecho de que los autores del crimen hubieran utilizado aviones privados de Riad para desplazarse, el príncipe heredero culpó a sus ministros y otros altos cargos, afirmando que son ellos quienes «tienen autoridad» para vigilar ese tipo de acciones.
Un informe de la ONU publicado en junio asegura que existen «evidencias creíbles» para relacionar el crimen con el príncipe Bin Salmán y con otras autoridades de Arabia Saudita. Según la investigación, Khashoggi «fue víctima de una ejecución deliberada y premeditada, un asesinato extrajudicial del que el Estado de Arabia Saudita es responsable con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos».
(RT)
