El presidente de Perú, Martín Vizcarra, tiene tres días hábiles para defenderse de la acusación por presunta infracción al principio de neutralidad electoral de cara a los comicios parlamentarios del 26 de enero, según la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) dispuesta este lunes.

 

En efecto, el Jurado dio lugar al informe presentado el 23 de diciembre por la coordinadora de Fiscalización, María Victoria Suárez Medina, y el mismo día validó los argumentos contra Vizcarra. La denuncia, presentada por un dirigente de Fuerza Popular (FP), gira en torno a declaraciones públicas del mandatario, en las cuales habría inducido el voto hacia postulantes con sus mismas preferencias.

 

«Voten por candidatos que luego van a ser congresistas que trabajen para combatir la corrupción, para eliminar la inmunidad parlamentaria, para eliminar las desigualdades que existen», había sostenido Vizcarra durante una presentación en el departamento de Lambayeque. Acabar con dicha inmunidad es una propuesta oficialista, por ello los detractores consideran que, indirectamente, pidió que se vote a políticos afines. Para exponerlo, se presentó ante las autoridades un archivo de TVPerú, del 21 de diciembre.

 

Entre las justificaciones del JEE, se destaca el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral: «Constituye una infracción en materia de neutralidad practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato», se lee en la consideración. En sintonía, la Ley Orgánica de Elecciones dice que «está prohibido a toda autoridad política o pública practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato».

 

Además, en el análisis del caso, el Jurado detalló que «no sería compatible ni coherente con un libre ejercicio democrático electoral el que algún alto funcionario pueda manifestar alguna posición a favor o en contra al respecto».  

 

¿Cómo se llega a las parlamentarias?

 

El 30 de septiembre Martín Vizcarra ordenóla disolución del Congreso, en medio de una gran confrontación política. Por esos días, el Ejecutivo planteaba la necesidad de reformar el sistema de elección de jueces en el Tribunal Constitucional (TC), pero no contaba con el apoyo parlamentario necesario.

 

Así, presentó una «cuestión de confianza» que, según el oficialismo, no habría sido recibida por los legisladores opositores, y por ello Vizcarra consideró que tenía la facultad de anular al Parlamento. En efecto, la normativa local dice que si se rechaza dos veces este mecanismo durante una misma Administración, Presidencia puede ordenar la suspensión.

 

Como antecedente, los legisladores peruanos ya le habían hecho un pedido de vacancia al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en marzo del 2018, quien debió renunciar por escándalos de corrupción. En octubre, el Congreso —unicameral— permaneció bloqueado por las fuerzas de seguridad durante algunas jornadas de extrema tensión. 

 

Con ese marco, Vizcarra convocó a elecciones para conformar un nuevo Poder Legislativo, que se llevarán a cabo el próximo 26 de enero. De esta forma, los ciudadanos elegirán a los 130 representantes para ocupar bancas hasta 2021, cuando vencerán los mandatos del actual período.

 

(RT) 

Comentarios Facebook