El presidente de Colombia, Iván Duque, cierra el año 2019 con severos cuestionamientos en materia de derechos humanos (DD.HH.), economía y diplomacia.

 

Las decisiones gubernamentales que conducen a la intensificación del modelo neoliberal tienen al país viviendo un mes de masivas manifestaciones que exigen el cese de dichas políticas que agudizan la desigualdad social.

 

A pesar de la presión social que clama un viraje en las políticas sociales, el Ejecutivo mantiene su posición de aislamiento de las clases desfavorecidas e impone junto con su bancada parlamentaria, la aprobación de una reforma tributaria, la cual termina siendo un favor para las grandes empresas y una tortura para el trabajador.

 

Derechos Humanos

 

Los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, así como de excombatientes, tienen al Gobierno de Duque muy cuestionado. 

 

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solamente en el mes de agosto 229 líderes sociales fueron asesinados, es decir, si se cuentan los recientes la cifra podría ascender a más de 300. 

 

«Ya miles de personas y organizaciones están amenazadas por toda esta gente que no quiere la paz, porque en definitiva es eso, no quieren aceptar esa transición a la paz, esta disminución radical de violencia, para que Colombia tenga una oportunidad», expresó el director de Indepaz, Camilo González.

 

Todos los asesinatos traen consigo sentimientos de indignación y conmoción, uno de los recordados fue el de María del Pilar Hurtado, lideresa social de 34 años de edad y quien fue asesinada por paramilitares en el barrio La Esperanza, departamento de Córdoba, frente a su pequeño hijo. 

 

Además de los líderes sociales, los excombatientes y militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), han sido víctimas del accionar paramilitar y grupos armados ilegales. Los senadores de la colectividad política han denunciado ante Naciones Unidas la falta de garantías y lentitud en la implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la insurgencia en 2016. 

 

Desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia, en noviembre de 2016, se han presentado homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos en 29 de los 32 departamentos del país suramericano, lo que representa el 90.62 por ciento del territorio nacional, precisó la organización no gubernamental (ONG) Indepaz.

 

Economía 

 

La polémica reforma tributaria presentada por el Ejecutivo fue finalmente aprobada por el Congreso de la República en horas de la madrugada. Sin importar las masivas manifestaciones contra la reforma, los trabajadores colombianos enfrentarán en 2020 un difícil panorama. 

 

La denominada Ley de Crecimiento, con la que Duque pretende recaudar 4.071 millones de dólares, prevé, entre otros aspectos, la devolución del 100 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) «a las familias más vulnerables».

 

Un grupo de 70 académicos y expertos en materia económica enviaron una carta ante el Congreso de la República, donde recomendaron no discutir la reforma tributaria, debido a que le otorga varios billones de pesos en beneficios tributarios a las grandes empresas.

 

Uno de los puntos de la reforma son las exenciones tributarias a organizaciones empresariales, razón por la cual los académicos afirman que «no existe una justificación robusta para tal beneficio».La ref

 

orma tributaria desembocó en masivas marchas que han sido reprimidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, los trabajadores y otros sectores populares continúan desplegados en las calles. 

 

Producto de la represión del Estado, el joven Dilan Cruz falleció a causa de un artefacto lazado por un agente del Esmad que le impactó en su cabeza. Desde su asesinato, Dilan se convirtió en una insignia de las concentraciones que se mantienen en la nación suramericana.

 

Diplomacia 

 

Debido a la subordinación al presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, el presidente Duque ha dejado al país en una posición vulnerable.

 

Actualmente, Colombia juega un papel crucial para la desestabilización de Venezuela, nación que padece de un unilateral bloqueo económico, financiero y comercial.

 

La opinión pública pudo conocer los fracasos del Gobierno colombiano con el opositor venezolano, Juan Guaidó, después de que se revelara una conversación entre el embajador cafetero en EE.UU., Francisco Santos, con una funcionaria y después con comunicadores. 

 

En la embajada de Washington, ante un grupo de periodistas, Santos expresó que «se subestimó la capacidad de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro de quedarse; se subestimó la capacidad de Maduro de proteger solo su entorno, que es Caracas, y con el resto de país que pase lo que sea».

 

Asimismo, Duque dejó al país mal parado, luego de que se abstuviera de votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) contra el bloqueo económico que la Casa Blanca le impone a Cuba desde hace más de 50 años.

 

Después de patear la mesa de diálogo con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, presionó a Cuba y Alemania (garantes de las Negociaciones) para que la isla entregara a los negociadores del ELN, sin importar que se violaran los protocolos. 

 

La decisión del Ejecutivo, provocó tensiones entre las naciones, que exigieron respeto a los protocolos firmados por el propio Estado colombiano.

 

(teleSUR)