La lucha contra las formas no democráticas de gobierno y frente a la corrupción ha sido uno de los ejes transversales del discurso de los partidos de derecha, especialmente cuando se trata de cuestionar a los gobiernos que se oponen al modelo neoliberal.
2019 ha sido un tiempo perfecto para que quienes aún tuvieran dudas al respecto se convencieran de que, más allá de tal discurso, la derecha no es ni democrática ni honesta.
Mediante sus ejecutorias, los gobernantes y líderes de partidos de derecha han demostrado que todas sus posturas verbales son inconsistentes con lo que hacen en la práctica. Veamos.
El mito de las elecciones libres
La derecha se proclama partidaria de las elecciones como fórmula para acceder a los cargos de representación popular. Pero no se trata de un principio verdadero. Solo cree en las elecciones cuando tiene garantías de que saldrá ganando. En los países en los que no tienen esa seguridad, los movimientos de la derecha y sus aliados internacionales y mediáticos comienzan a ponerles condiciones a las elecciones. Dicen que deben tener resultados “creíbles”, lo que equivale a decir que hay unos grupos, organizaciones o países que deben validar lo que digan los votos. Si esos entes dicen que el resultado “no es creíble”, no vale.
También se oye decir que las elecciones deben ser libres. Por lo ocurrido en Brasil y Bolivia, se entiende que la frase no está completa: deben ser libres de candidatos populares que puedan ganarlas, como Lula o Evo.
En realidad, para la derecha la ruta electoral es solo una de muchas vías para tomar el poder. En los años recientes, en América Latina, han aplicado muchas otras, desde golpes de Estado violentos como el de Bolivia hasta trucos de lawfare y trastadas parlamentarias, como en Brasil o Paraguay, secuestros vulgares como en Honduras, falsas revoluciones de colores y primaveras, como en Europa Oriental y el mundo árabe. También estilan mucho el cultivo de traidores, como en Ecuador y las secesiones que han logrado en varios países de África e intentaron también en Bolivia.
Cuando la derecha sabe que no puede ganar con votos, sabotea directamente la ruta electoral y pretende que su abstención sea causa de deslegitimación del resultado. Sobre ese tema, los venezolanos tenemos una larga historia.
La criminal farsa de los derechos humanos
La derecha se rasga las vestiduras por los derechos humanos de cualquiera que luche contra gobiernos de izquierda o no neoliberales. De inmediato despliegan una parafernalia de denunciantes, ONG de derechos humanos, entes internacionales, gobiernos preocupados y medios de comunicación hipercríticos. Pero cuando las protestas van contra gobiernos de derecha, todo ese aparataje se desmonta, mira para otro lado, calla o, peor aún, legitima la represión.
En poco más de tres meses, hemos visto esto en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia (sin hablar de la represión ya crónica de Haití). Las depravadas violaciones a los derechos humanos cometidas en todos esos países son la mejor prueba de que las declaraciones de los gobernantes y dirigentes de la derecha sobre este tema son una de las más hirientes hipocresías de un mundo repleto de hipócritas.
La mentirosa lucha contra la corrupción
Si falaces son las preocupaciones de la derecha por la democracia, no lo son menos sus comportamientos en el plano de la lucha contra la corrupción. Se dan golpes de pecho por la moralidad administrativa mientras cometen toda clase de desafueros y descarados robos al patrimonio público de sus propios países y de otros.
El cinismo mayor corre por cuenta de los gobiernos hegemónicos del capitalismo global, que fingen corrección y se erigen en jueces de los demás países, mientras la dirigencia de los principales partidos está comprada por los intereses de las corporaciones multinacionales o los grupos de poder nacional o regional.
Estados Unidos, por ejemplo, elabora listas de los países más corruptos mientras cerca del 90% de sus altos funcionarios, desde el presidente hasta los concejales, pasando por gobernadores, alcaldes y congresistas, son financiados por empresas que, a cambio, reciben contratos, concesiones estatales, legislaciones complacientes y tasas impositivas favorables.
La campaña internacional contra países como Venezuela tiene como una de sus bases la denuncia de los casos de corrupción. Pero el dinero de los que han saqueado las arcas públicas ha sido y sigue siendo aceptado en las naciones dominadas por la derecha, donde esos exfuncionarios suelen ser recibidos con honores y a veces amparados como supuestos perseguidos políticos.
La demostración más contundente de que la derecha no es honesta, a pesar de sus farisaicas poses, se está produciendo en Venezuela durante este 2019. La derecha local ha probado que se puede saquear el patrimonio de un Estado aún sin haber accedido al Poder Ejecutivo, valiéndose de la complicidad de sus congéneres de las naciones capitalistas dominantes y de las oligarquías de los países vecinos.
A lo largo del año se habían denunciado, con pruebas en la mano, las gigantescas operaciones de robo del dinero del Estado, realizadas por la camarilla que encabeza el llamado “gobierno encargado”. Se trata de descomunales acciones de apropiación indebida de bienes y fondos de Venezuela, como la empresa Citgo en EEUU, Monómeros, en Colombia y otras más en países de la cuenca del Caribe. También hubo acciones dolosas con el manejo de los Bonos 2020, asumidos írritamente por Juan Guaidó y su banda. Esas denuncias han explotado ahora sonoramente con los enfrentamientos que han surgido entre facciones de la misma oposición.
Para completar esa convicción de que la derecha es estructuralmente corrupta, en los últimos días han surgido toda clase de casos que revelan que han usado para su propio provecho las “ayudas humanitarias”, y han utilizado sus cargos de diputados para chantajear y extorsionar empresarios en Venezuela y hasta en otros países. ¿Se necesitan más pruebas?
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
