En el 2020 el Gobierno que preside Donald Trump proporcionará fondos para la Asamblea Nacional que ilegalmente pretende encabezar el diputado Juan Guaidó, así como a medios de comunicación que Washington  llama “prensa libre” y para “las fuerzas de la libertad” de la oposición venezolana.

 

Así lo aseguró este 6 de enero el representante especial del Gobierno de Estados Unidos para asuntos con Venezuela, Elliott Abrams, durante una rueda de prensa.

 

Sin embargo, las declaraciones y afirmaciones del alto funcionario gringo revelan abiertamente que se estaría posiblemente incurriendo en un delito, ya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en la Sección Tercera de la Función Publica de su artículo 149 que: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional”.

 

Ahora bien y ante lo expuesto anteriormente  ¿será esta la razón por la que Estados Unidos busca que otros países reconozcan –como ellos–   la directiva que dirige el autoproclamado con una AN paralela? ¿Pretende que Guaidó le ofrezca libertad jurídica y apruebe más ingreso de recursos a la derecha venezolana, seguir con el financiamiento para la desestabilización en Venezuela y así justificar este suministro?

  

Entre otros puntos y en cuanto a las “ayudas” que la Administración norteamericana entregaría a las llamadas “fuerzas de la libertad”, Abrams afirmó que el Congreso de su país ha autorizado “una buena cantidad de dinero para ayudar a la oposición democrática en Venezuela” y agregó: “Estamos pensando en las formas de usar esos fondos, y tratar de hacer que otros países también den apoyo político, diplomático y financiero a las fuerzas de la libertad en Venezuela”.

 

Aseguró que poseen “fondos que podemos usar para la Asamblea Nacional, así que hay una variedad de cosas”.

 

En este orden de ideas, indicó que están proveyendo este financiamiento a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y a través de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado.

 

(LaIguana.TV) 

 

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