Un pequeño micrófono fue encontrado en el despacho del magistrado César Reyes, miembro de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y quien realiza la fase previa del proceso contra el expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos.

 

El hallazgo del dispositivo de unos tres centímetros y que aún no sabe quién colocó ni desde cuándo estaba allí, se produce en medio del escándalo por las revelaciones de presuntas chuzadas realizadas desde batallones de inteligencia del Ejército contra políticos, jueces y periodistas.

 

Según testimonios, una asistente del magistrado Reyes, encargada de llevar a cabo la instrucción del caso en contra de Uribe, observó que una pieza del cielorraso del despacho estaba desacomodada y, al levantarla, encontraron un micrófono conectado a una de las tomas de electricidad de la oficina.

 

Fuentes cercanas al recinto laboral del magistrado indicaron que expertos de la Fiscalía General estuvieron en el edificio de la Corte Suprema, para indagar si había otros dispositivos similares.

 

Reyes asumió su cargo el pasado año, cuando se dio inicio a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, sección creada para garantizar la segunda instancia a los aforados. Anteriormente había sido con juez de la Sala de Casación Penal.

 

Casi desde su comienzo, el jurista se enfrentó a uno de los procesos de mayor trascendencia de los últimos años en el país: las investigaciones en contra de Uribe, caso en principio conducido por la magistrada Cristina Lombana, a quien apartaron por su pasado en las Fuerzas Militares y por haber trabajado en el despacho de uno de los abogados del expresidente.

 

Sin embargo, Lombana fue mencionada este sábado como uno de los blancos de las chuzadas ilegales ordenadas desde el Ejército -donde llegó a ser mayor- por órdenes de oficiales de las Fuerzas Militares. Aún no queda claro si esto fue cuando llevaba el proceso en contra del expresidente o tras pasarlo a su colega.

 

Además de la magistrada, fueron denunciados como víctimas de las chuzadas del Ejército el senador Roy Barreras, del Partido de la U, y el exgobernador de Nariño Camilo Romero. 

 

Dichas interceptaciones serían ilegales al no contar con permiso u orden judicial y, según la revista Semana, la información obtenida era entregada a un miembro del partido de Uribe, Centro Democrático, cuya identidad no se menciona.

 

«La pregunta es no solo cuál es el nombre del reconocido político del Centro Democrático (partido de gobierno) al que el Ejército le entregaba la información de las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, sino además si ese político le entregaba la información a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué dicen ustedes?», apuntó el senador Iván Cepeda

 

 

(teleSUR)