La monolítica cohesión que ante la opinión pública han mostrado Voluntad Popular y Primero Justicia en la estrategia opositora sufrió esta semana una fisura que no pasó inadvertida. La aprobación del fondo de litigios por parte de la AN chimba, con el voto salvado de los justicieros alegando falta de transparencia es, por lejos, la primera fractura pública entre los dos partidos al menos desde el 23 de enero del año pasado, cuando la oposición relanzó su estrategia ante el chavismo.
La exigencia de mecanismos transparentes por parte de Primero Justicia no es un detalle menor en un contexto en el que la acera de enfrente, la directiva de Luis Parra, bajo la sombra del Gobierno, ha exigido que se investigue el uso de recursos venezolanos por parte de Juan Guaidó.
La aprobación del fondo de litigios por 20 millones de dólares se produjo sin estar contemplado en el orden del día martes y contó con el visto bueno de VP, además de UNT y AD, los otros dos fuertes del autodenominado G4 de la oposición venezolana. De acuerdo con un comunicado del Parlamento en desacato, el dinero se utilizará para el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero, tanto de 2019 como de 2020.
«Estos recursos podrán emplearse indistintamente para la defensa judicial y extra-judicial de la República y cualquiera de sus entes administrativos, hasta concurrencia del monto máximo autorizado», agregó la AN chimba en su comunicado público.
Pero más allá de la «letra chiquita» del decreto, ni Juan Pablo Guanipa, flamante primer vicepresidente del Parlamento, quien además estaba al frente de la sesión del martes por la ausencia de Guaidó; ni los diputados de la bancada de su partido, Primero Justicia, votaron a favor del acuerdo y poco pudieron hacer para diferir el punto ante la premura de VP.
En un extenso comunicado vía twitter, los justicieros alegan que «el año pasado se creó una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de esos recursos destinados a la defensa de los derechos de la República con el objeto de preservarlos y salvaguardarlos (…) aún no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos, la designación de un contralor especial por parte de la @AsambleaVE es fundamental para lograr ese soporte institucional».
En su comunicado, los aurinegros agregan que «tampoco existe estructurada la instancia de imputación del gasto público, tampoco los mecanismos de funcionamiento de la tesorería , por lo cual no existen condiciones mínimas que garanticen el uso transparente, eficiente y con criterios de honestidad de los recursos públicos».
De acuerdo con el partido de Guanipa, Borges, Capriles y compañía, «pareciese que estos 20 millones de dólares se parecen (Sic) más a un presupuesto no sometido a controles que a un Fondo Especial de Litigios en el estricto sentido de su definición».
Incluso, Primero Justicia cuestiona el uso de recursos ya aprobados por el Parlamento en desacato. «Hasta la fecha no se han designado formalmente los miembros de la comisión técnica por lo que no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos, como por ejemplo los $3,5 millones de aprobados el 19 de noviembre».
La fisura entre los dos partidos que copan la escena de la oposición, especialmente desde el 23 de enero de 2019, hizo eco en la Procuraduría que el mismo Parlamento en desacato designó el año pasado. José Ignacio Hernández, quien funge como procurador especial de Guaidó le replicó a PJ: «La aprobación de la @AsambleaVE al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República».
No obstante, Hernández puso su cargo a la orden «si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el límite máximo del fondo de litigio»; y agregó «que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela».
Las reacciones sobre el tema de fondo, que es la transparencia en le manejo de los recursos del Estado no se hicieron esperar. Un conocedor del tema de la deuda y los litigios de Venezuela en el exterior como Francisco Rodríguez opinó en su cuenta twitter: «Encomiable posición de los diputados de @Pr1meroJusticia al rehusar aprobar recursos sin que se hayan adoptado mecanismos de control que impidan su desvío. Contra la corrupción y opacidad del gobierno de facto, se debe gobernar con el ejemplo de la integridad y la transparencia».
(LaIguana.TV/Panorama.com.ve/Heilet Morales)
