Durante los últimos 10 años la sanidad pública andaluza, a través del hospital gaditano Puerta del Mar, estuvo financiando y suministrando material al mayor mercado clandestino de EPO conocido, el dopaje favorito de los deportistas de resistencia de todo el mundo, que fue desarticulado la primavera pasada por la Guardia Civil, según anunció el instituto armado el jueves, cuando el juzgado levantó el secreto de sumario.
De este mercado, a través de varias páginas web de venta directa, se han proveído de EPO la década pasada unos 260 deportistas de todo tipo de especialidades, hasta del motocross, la mayoría españoles, la mayoría ciclistas y atletas de fondo y trail, muchos máster 40 (veteranos), y hasta una atleta olímpica española que en la actualidad es entrenadora, según fuentes de la investigación, que está ultimando una lista que se añadirá al sumario abierto por el Juzgado número 4 de Cádiz. Como la compra y el consumo de sustancias dopantes no están perseguidos penalmente, sí la distribución, el juzgado deberá hacer llegar los nombres a la agencia española antidopaje (AEPSAD), que procederá a expedientar y sancionar a los deportistas implicados. Sus nombres no se harán públicos hasta que no sean sancionados, si lo son.
“La investigación se puso en marcha mediado 2017, después de que una serie de deportistas positivos por EPO colaboraran con nosotros informándonos de que se habían hecho con el producto en una web que suministraba desde Cádiz, y nos dieron una serie de nombres”, señala José Luis Terreros, director de la AEPSAD, quien inmediatamente pasó la información a la Guardia Civil. “La EPO era de primera calidad y sin caducar, pero los vendedores, aunque la enviaban en envases que aparentemente mantenía el frío no la habían almacenado en frío, por lo que seguramente sería no solo ineficaz, sino también peligrosa para la salud de los que se la inyectaran. Habrá muchos nombres de muchos deportes, porque la banda también mercadeaban esteroides anabolizantes procedentes de países del este, pero ninguno de deportistas muy conocidos”. Eso no la hacía, sin embargo, invisible en los análisis de detección en orina y en el pasaporte biológico, aunque muchos lograban superarlos recurriendo a las microdosis.
En la operación, bautizada Hipoxianet por la sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se detuvo e investigó a seis personas, acusadas de supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y blanqueo de capital. Los investigadores intervinieron más de 850 jeringuillas de EPO precargadas después de registrar los almacenes de la red en Cádiz y Barcelona, bloquearon más de 800.000 euros en diversas cuentas corrientes localizadas en Austria, Chipre y Eslovaquia y localizaron más de 70.000 euros en metálico.
La banda, según la Guardia Civil, contaba con dos secciones. La dedicada a la venta, a través de al menos siete direcciones web tipo www.epobest.com, alojadas en servidores de Islandia y Jersey, era operada por ciudadanos de nacionalidad serbia, uno de ellos afincado en Barcelona. El suministro de EPO lo garantizaba la sección nacional, radicada en Cádiz y dirigida por el responsable de una clínica de diálisis privada, propiedad de una multinacional, del centro de la capital gaditana. Este falsificaba y multiplicaba las prescripciones que le presentaban los enfermos para obtener mayor número de envase del proveedor oficial de EPO, la farmacia del hospital público Puerta del Mar, muy cercano a la clínica. El excedente de un producto que le financiaba la sanidad pública lo desviaba al mercado negro. Según la Guardia Civil, esta actividad la llevó a cabo al menos los 10 últimos años, en los que paso solamente una inspección de los servicios farmacéuticos del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que no observaron ninguna irregularidad. Fuentes del SAS indicaron que no harán valoraciones “al tratarse de una operación en curso”.
Los cálculos de la inspección dependiente de la Junta de Andalucía elevan a 5.103 el número de envases de EPO desviados solamente en los tres años y medio que van de enero de 2016 a junio de 2019, fecha de la operación. El producto estrella y más solicitado era la EPO de alta concentración, de 8.000 y 10.000 UI por jeringuilla, que se vendía a 250 euros por jeringuilla.
Aunque la comunicación entre comprador y vendedor se realizaba a través de redes de mensajería instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, los investigadores lograron desenredar la maraña y accedieron a todo tipo de datos de los deportistas consumidores, como el email, registros de los pagos y hasta pruebas de la recepción de los pedidos. El Código Mundial Antidopaje castiga con cuatro años de sanción a los deportistas que adquieran, posean o consuman EPO.
“Espero que empecemos a recibir nombres desde el juzgado la próxima semana, y ya empezaremos a trabajar en ello”, dice Terreros. “Con los deportistas españoles trataremos nosotros, los demás se los enviaremos a la Agencia Mundial para que los reparta por sus correspondientes agencias nacionales antidopaje”.
(elpaís.com)
