La dura crisis económica que atraviesa el país, caracterizada, entre otros aspectos, por la dolarización de los precios y la precarización de los ingresos, contrariamente a lo que reza la creencia ampliamente extendida, no es inédita.

 

 

En una entrevista concedida por el expresidente socialcristiano Rafael Caldera al periodista Leopoldo Castillo en 1992, el expresidente sostenía que el Estado, en tanto gestor del bien común de los ciudadanos, tenía responsabilidad en la política de precios y no podía ser indiferente ante los incrementos sostenidos de precios orquestados por unos monopolios, a un nivel que incluso resultaba lesivo para los ciudadanos. 

 

 

“El gobierno tiene una responsabilidad en la política de precios. No es que los fije por ley o por decreto, pero tiene que estar vigilando, porque no puede ser indiferente para el Estado, que es gestor del bien común que unos monopolios suban los precios en una forma usuraria y que no guarda relación ninguna con la vida, con el ingreso de la gente. La gente está enfrentando una situación en la que todos los precios están dolarizados, pero lo que no está dolarizado son los salarios, son los ingresos”, dijo Caldera en 1992.

 

 

El cuadro descrito por el histórico líder copeyano, a quien nadie podría tachar de comunista y ni siquiera de socialista, guarda estrecha similitud con lo que hoy deben enfrentar el gobierno y los ciudadanos: la dolarización de los precios, frente a ingresos que no están, ni por mucho, cerca de lo requerido, lo que no solo muestra que estas expresiones de las llamadas crisis económicas no son nada novedosas, sino que tienen su origen último en las acciones de la burguesía local y trasnacional. 

 

 

Por otro lado, al panorama actual también se suman las sanciones económicas impuestas sobre el Estado venezolano por parte de la administración estadounidense y la Unión Europea, situación que no estaba presente en el contexto de 1992, en tanto el gobierno de entonces, liderado por Carlos Andrés Pérez, era un aliado estrecho de los gobiernos que lideraban el llamado Consenso de Washington, con Estados Unidos a la cabeza. 

 

 

Por ello, cabe la pregunta, si en 1992, aún sin sanciones económicas, la burguesía local y trasnacional que controlaba –sigue controlando– sectores estratégicos como el de los alimentos, el panorama era el que Caldera describe, ¿será entonces que la crisis actual es culpa del gobierno de Maduro, como tantas veces se ha dicho?

 

 

Si damos por buena la descripción de Rafael Caldera, entonces la manida frase “es culpa de Maduro” tendría que ser, cuando mínimo, puesta bajo sospecha, cuando no desmentida categóricamente. Sin obviar los fallos de gestión que pudiera haber, es obvio que una crisis como la que atraviesa el país y cuyos efectos padece la mayor parte del pueblo venezolano, no puede despacharse ni resolverse solo a partir de la culpabilización hacia el gobierno de turno. 

 

 

(LaIguana.TV)

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