El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) los crímenes de lesa humanidad cometidos por la administración estadounidense contra el pueblo venezolano, a partir de la aplicación de “medidas coercitivas unilaterales” que violentan los derechos contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

 

“Consideramos que las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de lesa humanidad, ademas violan el derecho internacional y los derechos humanos que se encuentran en la Carta de la ONU”, dijo Arreaza durante su intervención en La Haya. 

 

En el mismo orden de ideas, el canciller venezolano instó al máximo ente internacional de justicia a “detener la barbarie de las medidas coercitivas unilaterales”, porque mientras se tramitan las gestiones en esa instancia, “más familias sufren y más injusticias se producen.  (…). Así como hay un ‘nunca más a la guerra’, debe existir un ‘nunca más a las medidas coercitivas’, porque matan gente, perjudican a los pueblos”, remató el funcionario. 

 

El canciller destacó que la denuncia está dirigida contra las personas que tomaron las decisiones de sancionar unilateralmente al gobierno y pueblo de Venezuela desde Estados Unidos y está debidamente sustentada con análisis de expertos. También se explica en cuáles sectores se producen los efectos de las medidas. Asimismo, recordó a los presentes que “en varios documentos estadounidenses reconocen que las sanciones buscan desestabilizar al gobierno venezolano, además que estas provocan daños a la población”.

 

Arreaza acotó que más del 75% del ingreso de Venezuela se destina a la inversión social y que las medidas coercitivas no sólo están afectando a la población local, sino a terceros. Refirió el caso de las naciones del Caribe, impedidas de obtener petróleo a través de Petrocaribe y que por ello se han visto en la obligación de recurrir a otras fuentes de energía. 

 

Por otro lado, es importante precisar que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro sobre la aerolínea Conviasa el pasado viernes, luego de las reuniones sostenidas por el líder de la oposición extremista, Juan Guaidó, con Donald Trump y Mike Pompeo, sirvieron de detonante para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidiera acudir a la CIJ para denunciar las atrocidades del gobierno de EE.UU. y exigir sanciones contra los responsables. 

 

En ese sentido, Jorge Arreaza insistió en que “detrás de las decisiones que toman en la Casa Blanca, también existen personas de Venezuela que solicitan más sanciones, para tomar ellos luego el control del gobierno venezolano” y que “le corresponderá a la Fiscalía determinar los responsables, aunque parecen muy obvios, es deber de la Corte determinar los culpables”.

 

El funcionario venezolano culminó su intervención acotando que la acción que envió su gobierno ante la CIJ “es necesaria para Venezuela. Tiene que imponerse la ley y la razón contra los que han cometido los crímenes de lesa humanidad”.

 

(La Iguana.TV)