Jueves 6 de febrero. Juan Guaidó tuitea, con foto junto a Almagro incluida, el siguiente mensaje: “La @OEA_oficial reitera su rechazo a cualquier fraude electoral, continuará presionando por la Libertad de nuestro país y que los venezolanos tengamos elecciones presidenciales libres”.

 

El mensaje no tiene nada de noticioso. Y pasaría por debajo de la mesa si no fuera porque vincula al organismo regional con la noción de unas elecciones “libres”, lo aleja de cualquier fraude y, por supuesto, coloca al vocero local de la oposición extremista venezolana e internacional bajo el resguardo de tan preciados valores democráticos.

 

Como en una película, se suceden entonces, imágenes de señores y señoras con chalecos beige, con rostros adustos, serios… ¿De verdad son superhéroes de la democracia? ¿Qué nos han salvado de que nos engañen y vulneren nuestra expresión soberana?

 

No. La acción u omisión de los ex socios interamericanos ha servido para tumbar gobiernos populares y democráticos; mantener en el poder a aliados oportunos de intereses trasnacionales y para sembrar de dudas y desesperanza a los pueblos nuestramericanos.

 

Llegan como una especie de ejército, casi siempre un centenar de personas, se instalan como un jurado de Dios para aprobar o reprobar, en fin, extranjeros con impunidad para hacer y decir, “fiscalizar” y “legitimar”. Son las misiones de observación electoral de la OEA y éstas son algunas de sus historias.

 

Domingo, las exigencias nocturnas

 

El siete de octubre, 13 días antes de las elecciones presidencial y legislativa bolivianas del 20 de octubre del año pasado, 92 personas llegaron a La Paz como parte de la misión electoral de la OEA. De las actividades cumplidas antes de la jornada, y según el informe preliminar emitido tres días después del proceso, fueron las denuncias de inequidad en la campaña  electoral, de uso de recursos públicos en la misma y de inconstitucionalidad de la candidatura de Evo Morales, los temas que ocuparon su atención.

 

En su informe no dijeron nada de la organización electoral que el Tribunal Superior Electoral de Bolivia (TSE) había activado para el éxito de la jornada. Ni siquiera el sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un mecanismo básico de conteo rápido, de mediana confiablidad, que fue implementado años antes por presión de la propia OEA. El sistema TREP, que está a cargo de una empresa privada, no cuenta votos, sus datos solo son informativos, utilizados para dar información a la ciudadanía y evitar angustias. Tampoco son tomados en cuenta en la totalización oficial y legal. Es tan solo un programa que recibe y suma los datos que los operadores “ven” en las actas y que envían a través del teléfono celular, junto con una foto de la misma. Tal fue la explicación de las autoridades electorales, días antes, cuando también anunciaron que el TREP funcionaría, el día de elecciones, solo hasta contabilizar 80% de los datos, momento en el que emitirían su primer boletín de tendencias.

 

Y así lo hicieron el domingo 20 en la noche, luego de que el TREP había contabilizado 83,8% de los datos enviados. Según esta medición, Evo Morales sumaba ya 45,2% de los votos y el opositor Carlos Meza 38,1%, una diferencia insuficiente para un triunfo en primera vuelta. Con esta información, las autoridades electorales dieron por concluido el trabajo de este sistema y paró para dar prioridad al cómputo oficial que se estaba llevando a cabo.

 

Dos horas después, la OEA dio inició a una operación que terminó, semanas después por desalojar a Morales de la presidencia. Como si del conteo oficial de votos se tratara, la misión de observación saltó públicamente, dos horas después, para exigir a las autoridades electorales que diera explicaciones de por qué se había parado la transmisión del sistema. Media hora más tarde, el candidato Meza también se pronunció para ponerle la sal al guiso de la misión: la situación era “muy grave”, dijo. Empezaron, entonces, los primeros disturbios.

 

La segunda vuelta obligada

 

La noche del lunes 21, el TSE reinició el sistema que mostró una tendencia irreversible al triunfo de Evo Morales en primera vuelta. Como si de una pelea de boxeo se tratara, los observadores respondieron enseguida para alertar de su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y dificil de justificar” en las tendencias. Eso fue combustible para la candela y las palabras de los veedores terminó por desatar la violencia de los grupos extremistas de derecha.

 

Lo que vino después, fue una rápida maniobra. El martes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aceptó realizar una auditoría de resultados, una medida conciliadora solicitada por el gobierno de Evo Morales y que lo obligaba a aceptar los resultados del estudio. Y el miércoles, sorpresivamente, la misión de observación emitió su informe preliminar: La mejor opción es convocar una segunda vuelta, sentenció el organismo:

 

“En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y a las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”.

 

Como una bomba estallada en el medio de una plaza, la OEA instaló así una matriz falsa sobre la realidad del proceso. El 10% no es un porcentaje “ínfimo” sino la diferencia legalmente necesaria para ganar en primera vuelta, de acuerdo con la normativa boliviana; acceder a la realización de una segunda vuelta sin que se hubieran cumplido las condiciones legales requeridas, era para el Estado boliviano aceptar la violencia –identificada como “el contexto” en el informe- como mecanismo para imponer condiciones al pueblo y que su propuesta de auditoría a los resultados no tenía pertinencia frente a las exigencias de un balotaje. Y Bolivia estalló.

 

¿Lo difícil de explicar?

 

Tres semanas después, la falsedad de la OEA fue develada, cuando investigadores del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR por sus siglas en inglés), demostraron que las “dudas” sembradas por los observadores carecían de sentido: “.. el recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún período significativo, y la tendencia en los resultados en el recuento oficial es muy similar a la tendencia en los resultados del conteo rápido. Las tendencias en ambos recuentos reflejan patrones de votación ampliamente conocidos, los que ocurren de acuerdo a la geografía y, a diferencia de las afirmaciones de la misión de la OEA, no cambiaron sustancialmente conforme se fueron contabilizando más actas”.

 

Es decir, la OEA obvió deliberadamente la conocida distribución geográfica del voto en Bolivia. La que ha señalado todos estos años que en las zonas rurales se encuentra buena parte de los simpatizantes de Evo Morales y que fueron precisamente los datos de esas regiones –de difícil logística- los que estaban incluidos en ese 16,2% que faltaba por sumar en el conteo rápido.

 

El análisis del CEPR -un instituto situado en Washington, cuya junta de asesores incluye a dos premios Nobel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz, según su página https://www.cepr.net/?lang=sp – develó el objetivo real de la misión: la manipulación de la confianza pública:

 

“La politización de lo que normalmente es un proceso independiente de monitoreo electoral se hace tangible cuando una organización a la que se le confía este monitoreo — en este caso la OEA — hace afirmaciones sin fundamento que ponen en duda la validez de un recuento electoral. Esta es una violación grave de la confianza pública, y aún más peligrosa en el contexto de la fuerte polarización política y la violencia política postelectoral que ha tenido lugar en Bolivia”.

 

El golpe de Estado

 

Lo que sucedió el 10 de noviembre fue el cierre de una escalada que inició la OEA. Y que también cerró. La generación de la duda sobre un supuesto fraude por parte de Evo Morales, implantada por el organismo, le dio la justificación necesaria a la derecha extremista para que hordas incendiaran al país y atacaran al entorno de la dirigencia partidista del Presidente. Desde el viernes, la Policía se había declarado en rebelión.

 

A las cinco de la mañana de ese domingo, según se aprecia en su cuenta twitter, Almagro difundió el informe de la auditoría. Se había adelantado tres días a la fecha prevista.  ¿La conclusión? Debido a las irregularidades encontradas, los auditores no podían validar los resultados “por lo que se recomienda otro proceso electoral”. Y más: “cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiable”.

 

En un análisis sobre este documento, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) -que reúne a conocidos intelectuales y políticos de la región como el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Alvaro García Linera- concluyó que la OEA elaboró un informe “cuestionable” para “inducir a la opinión pública una deducción falsa; que el incremento de la brecha a favor de Evo Morales en el tramo final del conteo fuera ampliándose por causas fraudulentas y no por las características sociopolíticas y las dinámicas de comportamiento electoral que se dan entre el mundo rural y el urbano en Bolivia”.

 

Pasadas las nueve de la mañana, el presidente Evo Morales cumple con la palabra empeñada y anuncia la convocatoria de una nueva elección y la designación de otras autoridades electorales. A las 11, Almagro y el ex presidente Andrés Pastrana –enemigo conocido de los gobiernos progresistas de la región- se agradecen mutuamente por “la defensa de la democracia”. Cerca de las cuatro, el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, hace público el golpe de Estado en marcha, al declarar públicamente que “sugerimos al Presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial”. Casi a las cinco, el primer mandatario renuncia.

 

(Taynem Hernández / LaIguana.TV)

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