“Lo lógico es tener confianza en este sistema, ha sido auditado y revisado”. Estas palabras, dichas públicamente cuatro días antes de las elecciones, pueden haberle pesado al jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que está en República Dominicana, el ex presidente Eduardo Frey, cuando el pasado domingo 16 de febrero, en plena jornada, los comicios fueron suspendidos, tras verificarse un “fallo técnico” en el sistema automatizado de votación que impedía la visualización de los candidatos de oposición en la boleta electoral.
Hasta el martes, las teorías parecen sobrar en Santo Domingo entre los actores políticos del país caribeño. Desde un sabotaje a los servidores de la Junta Central Electoral (JCE), hasta una falla generalizada por manejos apresurados al sistema automatizado, son parte de las hipótesis difundidas, mientras en las calles la gente protesta, denuncia un eventual fraude electoral y exige la renuncia de los magistrados que dirigen la JCE.
Y en el medio, está la OEA, cuya influencia ha estado rondando los predios del organismo comicial desde el año pasado, al punto de compartir la responsabilidad entre quienes certificaron el sistema de votación automatizada que por segunda vez se utilizaría en ese país. Veamos.
En noviembre del año pasado, el presidente de la JCE viajó a Washington para firmar con la OEA el convenio de observación electoral para las elecciones del pasado domingo. Allí recibió “recomendaciones de funcionarios” del organismo para solicitar a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) “su apoyo para gestionar ante la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos (EAC por sus siglas en inglés) una colaboración técnica para auditar el software y el sistema de votación automatizado” que se utilizaría el 16 de febrero.
Y así se hizo. En esos mismos días, fue hecha la solicitud al IFES, una fundación estadounidense dedicada a temas electorales, patrocinada por los gobiernos de ese país, de Reino Unido, de Canadá y de Australia, entre otros, y que coordinó que la auditoría fuera pagada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como Usaid, por sus siglas en inglés, y que es ampliamente conocida en Venezuela por encargarse de buena parte de la distribución de los recursos financieros para las operaciones que ayuden a derrocar al Presidente Maduro.
De acuerdo con el acta 43-2019 de la sesión de la JCE del 17 de diciembre en la que se aprobó hacer pública esta solicitud, se describe que esta auditoría incluía un análisis de los códigos fuente (instrucciones que debe seguir el equipo de computación para ejecutar un programa); la integridad y seguridad de la data, la transparencia del sistema y “cualquier otro elemento que arroje tranquilidad tanto a los actores políticos como a la sociedad civil, que participará en la contienda electoral”.
La auditoría al sistema automatizado de votación de República Dominicana, pagado por el gobierno estadounidense, se realizó en la última semana de enero. Y según el informe, presentado el 7 de febrero, “el equipo de evaluación no identificó ninguna deficiencia importante en el sistema de votación automatizado que se utilizará en las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020”.
Cuando el informe fue fechado, ya se conocían los resultados. Lo sabía el presidente de la JCE, quien se reunió con los representantes del IFES y de USAID, la tarde del 24 de enero “para discutir los resultados de la evaluación prelectoral”.
Unas horas antes, en un hotel de Santo Domingo, también fueron informados los miembros de un equipo técnico de la OEA que había sido enviado para esa tarea. En el resumen de reuniones, incluido en el informe de IFES, se lee: “Reunión, 24 de enero de 2020, mañana (Hotel El Embajador). El propósito de la reunión fue compartir los hallazgos preliminares del equipo de evaluación con la OEA y discutir posibles problemas que podrían surgir con el sistema de votación automatizado en las elecciones municipales. A la reunión asistieron representantes de la embajada de Estados Unidos, representantes de la USAID, representantes de la IFES, representantes de la OEA y evaluadores de Pro V&V”.
¿Cuáles era los “posibles problemas que podían surgir” que no se describen en el informe? ¿Acaso se discutió con los magistrados de la JCE sobre esos posibles problemas? ¿La auditoría recomendada por la OEA y pagada por el gobierno estadounidense detectó alguna vulnerabilidad que prefirió callar?
El caso es que el sábado 15 de febrero en la noche, a hora de iniciarse los comicios, tanto la misión de la OEA como una misión de asistencia técnica del IFES participaron de una reunión en la JCE en la que se les informó la detección de fallas en los equipos de computación y la disposición a arreglar los errores antes de que iniciara la jornada electoral.
A las 11 de la mañana del domingo 16 de febrero se suspendían las elecciones. A partir de allí, la actividad de la OEA se aceleró. La misma noche del domingo se reunió con el Presidente Danilo Medina y después, nuevamente, con las autoridades de la JCE. El lunes 17 la misión se reunió con cada uno de los tres candidatos presidenciales (quienes deben ir a elecciones en mayo próximo). Los cuatro dirigentes políticos, incluido el primer mandatario, aseguraron públicamente que era necesaria la presencia de la OEA. El mismo día, la JCE anunció la fecha de las nuevas elecciones municipales. Más importante que eso, informó la decisión de que los comicios se realicen con boleta física y desechar el sistema automatizado. La OEA saludó el voto manual. El IFES también.
(Taynem Hernández / LaIguanaTV)
