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Desde el pasado lunes 17 de febrero el pueblo dominicano salió a las calles a exigir la renuncia de los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE), luego de la suspensión de las elecciones municipales que debieron celebrarse el domingo, debido a “un fallo técnico” en el sistema automatizado. 

 

Según refieren medios internacionales, transcurridas cuatro horas de iniciado el proceso electoral se decidió suspenderlo dado un “fallo técnico” que habría impedido que en las máquinas de votación aparecieran las listas de algunas organizaciones políticas. En función de ello, la JCE reprogramó la contienda para el venidero 15 de marzo.

 

Esta decisión fue rechazada incluso por el expresidente Leonel Fernández, quien escribió en su cuenta de Twitter: “El pasado 16 de febrero hicimos un llamado a un diálogo nacional entre los distintos sectores políticos y sociales de la República Dominicana. Ese diálogo procura superar la crisis desatada a raíz del intento fallido de fraude perpetrado en los pasados comicios municipales”.

 

La actuación de la JCE generó malestar en la población, que casi de inmediato se volcó pacíficamente a las calles de Santo Domingo –donde está habilitado para votar cerca del 60 por ciento de toda la población con posibilidad de hacerlo en el país– a denunciar una maniobra electoral fraudulenta por parte del Gobierno del presidente Danilo Medina, sobre el que pesan acusaciones de corrupción.

 

La respuesta de la Administración de Medina fue lanzar gases lacrimógenos y disparos contra los manifestantes, según la información recogida por usuarios de las redes sociales, pese a que, en todo momento, los protestantes no violentaron instalaciones ni agredieron a la policía. 

 

Ante este hecho, ni el Gobierno gringo, ni la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u organizaciones como Human Right Watch se ha manifestado ante la represión ejercida por el Gobierno sobre los manifestantes, aún cuando se se empeñaron en denunciar supuestos actos de represión e irregularidades electorales en otros Estados como el venezolano.

 

De acuerdo con lo aparecido en distintos medios dominicanos, estas elecciones municipales representarían una primera medición de fuerza entre el gobernante Partido de la Liberación Democrática (PLD) y su principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que además controla la alcaldía de Santo Domingo, antes de las elecciones legislativas y presidenciales, previstas para el mes de mayo. 

 

(LaIguana.TV)