El Tribunal de Cuentas de España concluyó, a finales del pasado año, que desde la Embajada de su país en Venezuela se utilizaron dólares obtenidos en el mercado negro para pagar favores electorales del entonces gobernante Partido Popular (PP), en los años 2015 y 2016, según revela eldiario.es.
En el centro del escándalo figura la Fundación España Salud (FES), que tiene como objeto prestar atención sanitaria, médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles, y cuyo presidente ejecutivo es el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva.
De acuerdo a los documentos que cita el medio español, el entonces consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela, entre 2015 y 2016, el exdiputado autonómico y exdirigente del PP Juan de San Genaro Santana Reyes, fue quien gestionó la compra, en mercado negro, de dólares, producto de cambiar unos 300.000 euros que fueron transferidos a la FES, y que, en teoría, estaban presupuestados para ayudas de emergencia social para casos de extrema gravedad.
En otro texto del mismo medio, se menciona que el dinero para este fin se multiplicó al hacer el cambio de dólares a bolívares, también en el mercado negro, en una fecha en que se podían obtener hasta 190 bolívares por dólar, frente a los 6,40 del precio oficial.
El diferencial de la transacción en el mercado negro, se habría destinado al pago de actividades de marcado carácter electoralista.
Lo que dice el Tribunal de Cuentas
De acuerdo a la investigación del Tribunal de Cuentas, se transfirieron a la FES un total de 300.412 euros, entre 2015 y 2016.
El organismo considera esa cantidad como «pagos no justificados», debido a que no se asignaron a las personas (emigrantes españoles) necesitadas mediante el método determinado por la ley, sino que se transfirió a la FES, burlando los trámites de revisión y análisis de solicitudes.
Según testificó Santana, citado por el mismo portal, el envío de los fondos públicos directo a la FES se hizo intencionalmente para que la fundación pudiera multiplicar, hasta por 20, su valor, al utilizar el mercado negro para el cambio.
De acuerdo al Tribunal de Cuentas, los hechos descubiertos «pueden ser constitutivos de responsabilidad patrimonial» y, de momento, no habría constancia de que se reembolsaron los 300.000 euros del agujero destapado.
Por este caso, Santana debería reintegrar al Estado 313.655,80 euros, mientras que el funcionario que le sustituyó a finales de 2016, José Manuel Gómez de Aranda Villén, quien mantuvo la misma metodología que su antecesor durante unos meses, ha sido declarado responsable de 21.051,48 euros.
(RT)
